Ahora los agentes forestales sí pueden entrar

Cuando no se ha cumplido un mes de la entrada en vigor de la polémica primera ley de Esperanza Aguirre en este mandato, la Consejería de Medio Ambiente suaviza sus preceptos. La Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, aprobada el pasado 27 de julio, modificó la potestad de los agentes forestales de entrar en cualquier finca privada para hacer labores de inspección y prevención.

Desde entonces, al igual que el resto de las fuerzas de seguridad, los 250 agentes que trabajan en la región sólo pueden acceder a propiedades privadas con autoriz...

Cuando no se ha cumplido un mes de la entrada en vigor de la polémica primera ley de Esperanza Aguirre en este mandato, la Consejería de Medio Ambiente suaviza sus preceptos. La Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, aprobada el pasado 27 de julio, modificó la potestad de los agentes forestales de entrar en cualquier finca privada para hacer labores de inspección y prevención.

Desde entonces, al igual que el resto de las fuerzas de seguridad, los 250 agentes que trabajan en la región sólo pueden acceder a propiedades privadas con autorización judicial.

Esta medida provocó las protestas de los sindicatos, diversas organizaciones ecologistas, la oposición (PSOE e IU) y hasta de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, porque entra en colisión con la ley estatal, que sí da carta blanca a los agentes forestales para entrar en las fincas para prevenir delitos ecológicos o, por ejemplo, hacer labores de limpieza en los montes que eviten los incendios.

Pero los pasados 13 y 16 de agosto, la Dirección General del Medio Natural envió sendas notas internas en las que pide a todos los servicios bajo su mando que difundan "el modelo de autorización de acceso a montes o terrenos forestales de titularidad privada que deben cumplimentar y remitir firmado los titulares de dichos terrenos". Es decir, da la opción a los agentes de acceder a un terreno particular, si cuentan con el permiso de su dueño por escrito, aunque no tengan autorización judicial. Para ello se han establecido dos formularios, según un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente. Uno permite al agente acceder al recinto para un determinado acto. Por ejemplo, "una tala de árboles o una limpieza del terreno". El otro, le autoriza para hacer el seguimiento de esa actuación.

Los sindicatos UGT, CC OO y Sindicato de Agentes Forestales y Técnicos Auxiliares Medioambientales (SAFTAM) denunciaron ayer en un comunicado que esa circular interna contraviene "lo prescrito en la propia ley" regional y exigieron su cumplimiento, "aun considerando que es inconstitucional y que alerta gravemente contra el medio natural" de la región.

El portavoz de UGT, Miguel Ángel Hontoria, explicó que las notas internas contradicen lo que impone la ley regional. "Si la ley me exige una autorización judicial, no vale que ahora me permita la entrada el propietario, porque no estamos hablando de un domicilio sino de una propiedad privada", precisó. Los sindicatos van a presentar un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión de la Dirección General, ya que consideran que crea "inseguridad jurídica a los agentes". Además, agregó, en su recurso solicitarán al juez competente que plantee una cuestión de constitucionalidad sobre la ley regional, ya que estiman que contradice la norma estatal.

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente negó que las notas internas contradigan la ley o que la suavicen. "Si el propietario da su consentimiento ya no es necesaria la autorización judicial y eso permite agilizar los trámites", argumentó. Según este portavoz, es una medida para "dar mayor seguridad a los actos de los agentes forestales" porque proporciona un formulario tipo para todos.

También ayer se le abrió otro frente a esta polémica ley. El eurodiputado socialista Carlos Carnero reclamó la intervención de la Comisión Europea para que se retire la norma, porque, dijo, "el despropósito que representa atenta directamente contra los intereses y objetivos de la Unión Europea en el ámbito de los espacios protegidos y la conservación de la fauna, la flora y sus hábitat naturales, de acuerdo con la legalidad comunitaria".