La Junta impugnó en tres años 75 licencias concedidas a promotores imputados en Malaya

Entre los años 2003 y 2006, período en el que Marbella estuvo gobernada por Marisol Yagüe, pero en el que según el juez instructor del caso Malaya quien verdaderamente actuó como alcalde en la sombra fue su Juan Antonio Roca, la Consejería de Obras Públicas impugnó en los tribunales 262 licencias municipales de obras porque contravenían el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Más de la cuarta parte de estos recursos, 75, fueron contra permisos de construcción para promotores acusados de haber pagado cohechos a Roca para obtener condiciones de edificabilidad más favorables a las per...

Entre los años 2003 y 2006, período en el que Marbella estuvo gobernada por Marisol Yagüe, pero en el que según el juez instructor del caso Malaya quien verdaderamente actuó como alcalde en la sombra fue su Juan Antonio Roca, la Consejería de Obras Públicas impugnó en los tribunales 262 licencias municipales de obras porque contravenían el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Más de la cuarta parte de estos recursos, 75, fueron contra permisos de construcción para promotores acusados de haber pagado cohechos a Roca para obtener condiciones de edificabilidad más favorables a las permitidas en el plan y que figuran en la lista de procesados dada a conocer el pasado lunes por el juez.

Fidel San Román ha admitido al juez que pagó comisiones para poder hacer más viviendas a las previstas en el PGOU

Aifos firmó un convenio propuesto por Roca pese a que Obras Públicas le advirtió de que era imposible aplicarlo

Las promociones afectadas suman más de 6.000 viviendas y el grupo Ávila Rojas es quien más recursos acumula

Estas 75 licencias afectan a más de 6.000 viviendas, cuatro hoteles y ocho edificios comerciales, y la mayoría fueron paralizadas por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pese a los empeños que, según el juez, puso el Ayuntamiento por evitar y saltarse los controles de legalidad. En al menos 20 casos, antes de poner los recursos la Junta pidió al consistorio que revisara las licencias ilegales, a lo que sistemáticamente se negó, como ha reconocido al juez la asesora jurídica de Urbanismo Raquel Escobar.

En 17 casos además la Junta dio traslado de los expedientes a la Fiscalía al considerar que las ilegalidades traspasaban el marco del derecho administrativo e incurrían en causa de delito penal.

30 millones en sobornos

De los 86 procesados por la trama de corrupción en Marbella, 25 son promotores inmobiliarios que, según el juez, pagaron en esos tres años a Roca unos 30 millones de euros en sobornos, y, en algunos casos, participaron con él en algunos negocios que les reportaron suculentos beneficios.

De las 75 impugnaciones, 24 corresponden a promociones de José Ávila Rojas (más de 1.500 viviendas, dos edificios comerciales y un hotel), dos de ellas licencias de primera ocupación de viviendas con licencia suspendida por el TSJA. Una docena de impugnaciones acumuló Cristóbal Peñarroya para las distintas fases de la urbanización La Reserva de Marbella, con 712 viviendas.

A Fidel San Román se le impugnaron los permisos para la promoción El Cantizal, de 831 viviendas, y un hotel de cinco estrellas, por las que él mismo ha reconocido haber pagado comisiones. A Carlos Sánchez y Andrés Liétor (CCF 21) sendas promociones que suman 593 viviendas, a Tomás Olivo la ampliación del centro comercial La Cañada y otras nueve naves; a Construcciones Salamanca (Emilio Rodríguez) un edificio con 132 pisos, y a Eusebio Sierra varias promociones con más de 300 casas y un centro comercial. También fue impugnada la licencia del hotel Guadalpín, de Aifos.

Tras 20 meses de investigaciones, el juez Miguel Ángel Torres ha llegado a la conclusión de que Juan Antonio Roca, el principal imputado en la causa, es el principal responsable del desastre urbanístico de Marbella y del cúmulo de actuaciones ilegales, pues "de modo inequívoco" ha sido la persona que ha mandado en el urbanismo de Marbella hasta el día de su detención. "La inventiva notable de Roca, valiéndose de un plan urbanístico que nunca fue aprobado pero que fue aplicado durante años en Marbella y de los llamados convenios urbanísticos, negociados por Roca y en los que los sucesivos alcaldes se limitaban a firmar, produciendo de esta manera por la vía del hecho una alteración total de la realidad urbana del municipio, le han permitido desarrollar un urbanismo a la carta de promotores con pocos escrúpulos", sostiene el juez.

Las declaraciones al juez de algunos de los promotores son esclarecedoras. Fidel San Román, por ejemplo, admitió que pagó a Roca "para poder construir más viviendas de las que aparecían en el plan de 1986", en referencia al PGOU vigente aún en Marbella.

Incluso hubo promotores que se arriesgaron a firmar convenios conociendo previamente que la Junta no los aceptaría. El director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón, reconoció al juez que antes de firmar el convenio para desarrollar el Guadalpín Village, en Puerto Banús, en el que Roca había ofrecido conceder un 80% de edificabilidad en la planta alta, consultó al delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas porque era "escéptico" de que se pudiera hacer. Pese a que éste le dijo que era "absolutamente imposible que el tema saliera adelante", Aifos firmó el convenio fiándose de las promesas de legalidad de Roca, que según el juez se embolsó dos millones de euros.