Juzgado por presuntas injurias un profesor que pidió al juez una notificación en la lengua autonómica
Eduardo Álvarez, un profesor de secundaria vecino de Oleiros, se enfrentó ayer a una petición fiscal de 20 días de multa, a razón de 10 euros diarios, acusado de injurias al juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián. La acusación particular pide 60 días a 20 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños al honor.
El magistrado lo denunció por haberle calificado de "mentiroso", en el curso de una polémica generada por una petición de Álvarez de recibir una notificación judicial en gallego. Ayer tuvo lugar el juicio de faltas por las presuntas injurias, pero el fondo del asunto...
Eduardo Álvarez, un profesor de secundaria vecino de Oleiros, se enfrentó ayer a una petición fiscal de 20 días de multa, a razón de 10 euros diarios, acusado de injurias al juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián. La acusación particular pide 60 días a 20 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños al honor.
El magistrado lo denunció por haberle calificado de "mentiroso", en el curso de una polémica generada por una petición de Álvarez de recibir una notificación judicial en gallego. Ayer tuvo lugar el juicio de faltas por las presuntas injurias, pero el fondo del asunto está en el Tribunal Supremo después de haber pasado por el Consejo General del Poder Judicial.
En abril del pasado año, Eduardo Álvarez, responsable comarcal de CIG Ensino, expuso al juzgado decano de A Coruña su queja porque en el juzgado de Primera Instancia número 4, en el que había presentado una reclamación, le habían contestado en castellano y usando el topónimo "La Coruña" tanto en el encabezamiento como en el sello. En su respuesta, Antonio Fraga decía que "no existe para el que suscribe obligación alguna de conocer la lengua autonómica, a diferencia del Sr. Álvarez que si bien puede utilizar ésta tiene al tiempo obligación legal de conocer el castellano".
Tal y como resaltó ayer en la vista el acusado, que se defendió a sí mismo y pidió ser absuelto, no fue él quien recurrió a los medios de comunicación para dar a conocer los hechos. El juez difundió su respuesta -y los datos de Álvarez, denunció éste- a través de los servicios de prensa del Tribunal Superior, según reconoció ayer en la vista, por considerar que tenía "valor pedagógico".
Unas 50 personas, entre ellas, diputados y concejales del BNG y dirigentes sindicales, se concentraron ante los juzgados en solidaridad con Álvarez, convocadas por la Mesa pola Normalización.