La Sindicatura aprecia graves anomalías en un órgano de Justicia

Realización de cursos no previstos, desviaciones presupuestarias, descontrol sobre el número de alumnos, falta de liquidación presupuestaria u opacidad en la elección de profesores y de universidades. Son algunas de las anomalías que ha detectado la Sindicatura de Cuentas en un informe sobre el ejercicio de 2004 realizado al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, dependiente del Departamento de Justicia.

Ese informe de fiscalización es uno de los cuatro que hoy presentan en la comisión del Parlament el Síndico Mayor, Joan Colom, y la resta de síndicos. Es un documento d...

Realización de cursos no previstos, desviaciones presupuestarias, descontrol sobre el número de alumnos, falta de liquidación presupuestaria u opacidad en la elección de profesores y de universidades. Son algunas de las anomalías que ha detectado la Sindicatura de Cuentas en un informe sobre el ejercicio de 2004 realizado al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, dependiente del Departamento de Justicia.

Ese informe de fiscalización es uno de los cuatro que hoy presentan en la comisión del Parlament el Síndico Mayor, Joan Colom, y la resta de síndicos. Es un documento detallado en el que la tarea fiscalizadora llega hasta el último rincón del organismo afectado, algo inusual en la época de CiU.

Las irregularidades detectadas afectan casi por igual a todos los cursos realizados por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada que dirige Joan Xirau. El informe se refiere a 2004, año en que ese organismo gastó 765.330 euros en cursos para jueces, fiscales, secretarios y otros profesionales de la Justicia.

Relatan los síndicos que el centro fiscalizado "no tiene instaurado un sistema de contabilidad de costes" que permita conocer el gasto que supone cada actividad. Tampoco están justificadas las variaciones entre el número de cursos que se planificaron ni los que se realizaron. También se desconocen, por ejemplo, las personas que asistieron a algunos cursos de formación en sustitución de otras.

Otra de las constantes en prácticamente todos los cursos es el desconocimiento de los criterios que se emplearon para seleccionar a los profesores. También se desconoce, dicen los síndicos, por qué el centro firmó convenios de colaboración con la Universidad de Vic y con la Uned y no con otras para que los estudiantes pudiesen realizar prácticas. También constatan que esas prácticas fueron gratuitas y que su duración osciló entre las 60 y las 540 horas.

Liquidación anual

En el apartado económico, el informe de la Sindicatura recuerda que no se realizó la liquidación anual de los gastos de las actividades previstas en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo, se autorizaron unas ayudas para sufragar la matriculación a un curso de 21 magistrados y 4 jueces sin que hubiera pública concurrencia ni criterio de selección.

También se ignora qué criterio se aplicó para seleccionar a los 58 jueces o secretarios que hicieron de tutores en las oficinas judiciales y que se eligieron de una lista de 166. En otro apartado se constatan "desviaciones importantes" en el importe de los cursos para fiscales y secretarios, por lo que no sorprende que se pagasen por duplicado a los profesores que intervinieron en dos cursos. O que se ofertasen 80 plazas y asistiesen 155 personas.

En las alegaciones realizadas por Xirau a la Sindicatura se explica que se han mejorado los mecanismos de planificación. También se alude a que 2004 fue un año de transición para el centro y que "la plena objetivación" en los criterios de selección del profesorado "no siempre es posible".