El fiscal dice que Pedro Román causó un perjuicio de cinco millones a Marbella

Pedro Román, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1998 imputado en el caso Malaya, causó un perjuicio de "cinco millones de euros" al consistorio con un "pelotazo urbanístico" fraguado cuando ya estaba fuera del consistorio, según dijo ayer el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero. La Audiencia de Málaga vio ayer un recurso del abogado de Román, Salvador Guerrero, contra su ingreso en prisión provisional incondicional, tras su arresto el pasado 1 de mayo cuando regresaba de Zurich (Suiza), acusado de blanqueo, cohecho, fra...

Pedro Román, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1998 imputado en el caso Malaya, causó un perjuicio de "cinco millones de euros" al consistorio con un "pelotazo urbanístico" fraguado cuando ya estaba fuera del consistorio, según dijo ayer el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero. La Audiencia de Málaga vio ayer un recurso del abogado de Román, Salvador Guerrero, contra su ingreso en prisión provisional incondicional, tras su arresto el pasado 1 de mayo cuando regresaba de Zurich (Suiza), acusado de blanqueo, cohecho, fraude y delito contra la hacienda pública.

Según el fiscal, ha quedado "acreditado" que Román se concertó con el supuesto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, y con el ex comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía Florencio San Agapito y el letrado Juan Germán Hoffmann, también imputados en el caso Malaya, para poner en marcha la operación inmobiliaria, en la que se aumentó la edificabilidad de una parcela de 532 a 11.000 metros cuadrados y se redujo el aprovechamiento que le correspondía al Ayuntamiento a sólo 2.400 metros cuadrados, lo que supuso para el consistorio un quebranto de unos cinco millones.

Román, San Agapito, Hoffmann y Roca crearon una sociedad llamada Lispag AG, domiciliada en Suiza, que fue la que compró las acciones de otra sociedad española dueña de la parcela. Contando con la "posición de dominio de hecho de Roca" en el Ayuntamiento firmaron un convenio para aumentar la edificabilidad. Posteriormente los cuatro socios vendieron la finca al constructor José Ávila Rojas por unos seis millones de euros que se repartieron según la participación de cada uno en Lispag AG. Román, con un 62,7% se embolsó, según el juez, 3,7 millones de euros.

El dinero obtenido como plusvalía se oculta en Suiza "a través de fundaciones radicadas en paraisos fiscales". Según la orden internacional de arresto dictada contra Román, éste percibía el dinero a través de sociedades interpuestas como Fink 2010 o la fundación Lare de Liechtenstein.En este punto, el fiscal se preguntó "por qué si es una operación tan legal no se hizo en España". El fiscal entiende que existe riesgo de fuga, puesto que se tenían noticias de que Román iba a viajar a Estados Unidos, pero, finalmente fue a Suiza pasando por Portugal, "a hacer desaparecer en la medida de lo posible lo que le vincule con ese dinero oculto".