Bienvenido Sr. POTA
Desde que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, más conocido como "el POTA", en su trámite parlamentario -que en este caso no fue un mero trámite- incorporara los famosos criterios de crecimiento máximo, el 30% de población y 40% del suelo en 8 años, muchas han sido las voces de promotores y alcaldes que se han alzado contra el mismo, justo los agentes que han propiciado lo que Fernández Durán ha llamado con gran acierto el "tsunami urbanizador español".
Todas estas voces han sido contestadas con firmeza desde la máxima autoridad de la Comunidad autónoma. Sin ir más lejos, ...
Desde que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, más conocido como "el POTA", en su trámite parlamentario -que en este caso no fue un mero trámite- incorporara los famosos criterios de crecimiento máximo, el 30% de población y 40% del suelo en 8 años, muchas han sido las voces de promotores y alcaldes que se han alzado contra el mismo, justo los agentes que han propiciado lo que Fernández Durán ha llamado con gran acierto el "tsunami urbanizador español".
Todas estas voces han sido contestadas con firmeza desde la máxima autoridad de la Comunidad autónoma. Sin ir más lejos, en días pasados, Chaves recordó algo que es obvio: el urbanismo no es competencia de los promotores.
Podía haber añadido al recordatorio que la ordenación del territorio es una competencia que la Constitución confiere a la comunidad autónoma, algo que en el área metropolitana de Sevilla se ha olvidado. Debido quizás a que la Junta de Andalucía nunca encontró el momento para ejercer dicha competencia en esta comarca.
En el año 1983, cuando se estaba fraguando el boom inmobiliario previo a los fastos del 92, en el inicio del mayor crecimiento en la historia, que supondría a la postre un territorio radicalmente distinto al que era hasta ese momento, la Junta se planteó la necesidad de establecer para la zona directrices de planeamiento. Esa necesidad no debió verse con mucha urgencia, ya que tardó 11 años en hacer otro movimiento. Fue en 1994 cuando acordó la formulación de un Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), pero nunca vio la luz. Ahora de nuevo y sin que medie explicación alguna del anterior incumplimiento, vuelve a formularse la necesidad del POTAUS, ampliando su radio de acción de 22 a 46 municipios.
Es decir, desde la primera intención de ejercer la competencia de ordenación del territorio en el área metropolitana de Sevilla hasta hoy han transcurrido 24 años, periodo en el que la comarca ha sufrido profundos cambios.
La población residente en el conjunto de los 22 municipios de la primera corona metropolitana creció un 54%, mientras que la ciudad central sólo llegó al 7%. Crecimiento que ha sido especialmente intenso en los municipios del Aljarafe donde encontramos pueblos como Castilleja de Guzmán, que ha multiplicado por 11 sus habitantes; Espartinas que ha cuadriplicado su población; Bormujos, Palomares y Almensilla la triplicaron; Valencina, Gelves, Tomares, Gines y Mairena la duplicaron, municipio éste último que ya había triplicado la población en la década anterior.
Por su parte, el suelo urbanizado ha crecido de forma exponencial ocupándose con trozos de ciudad dispersa. Crecimiento que ha sido especialmente intenso en los últimos años, como pone de manifiesto la proliferación de convenios urbanísticos en los que quedan reflejados los intereses de promotoras inmobiliarias y alcaldes ávidos por llenar las arcas municipales con fondos que financien sus proyectos de "panes et circenses" y lavado de cara del pueblo, sobre todo en las cercanías de elecciones municipales.
El resultado final de este proceso lo refleja fielmente el informe 2007 del Worldwatch Institute, que denuncia la decidida contribución al cambio climático y a la insostenibilidad energética del modelo urbanístico español, del que el Área Metropolitana de Sevilla es un fiel reflejo.
Si esta denuncia no nos parece suficiente, nuestros sentidos pueden comprobar de cerca la destrucción que está suponiendo este modelo para el patrimonio cultural, arqueológico y paisajístico. A ello habríamos de sumar el continuo padecimiento en nuestras carnes de la necesidad de largas estancias en coche para cortos desplazamientos sin que podamos recurrir a una alternativa de transporte público medianamente eficiente.
Todo este proceso urbanístico expansivo y acelerado nos ha dejado en una situación crítica, situación que sin duda merece que paremos a reflexionar en aras de un futuro más ordenado, buscando soluciones, aquellas que estén a tiempo de llegar: para la movilidad, el transporte público, la necesidad de viviendas, la conservación del patrimonio en todas sus vertientes, el desarrollo económico, el bienestar de los habitantes... pero soluciones de verdad, no un discurso vacío que hace un uso espurio de la "sostenibilidad" y la "ecología" con fines electoralistas y que pretende ocultar o justificar cualquier desmán en el ámbito urbanístico.
El POTA ha llegado en el preciso instante en el que los planes urbanísticos de muchos municipios pretendían crecimientos del número de viviendas construidas que dejarían a los crecimientos anteriores en la categoría de anécdotas, crecimientos no se sabe muy bien para quién. Bloques de pisos que apenas ocupa la mitad de sus viviendas y al poco de ser entregados llenan sus balcones con carteles de "se vende".
En cualquier caso el tan denostado POTA permite crecimientos que, si se apuran hasta sus extremos, dentro de 24 años -intervalo de tiempo igual al transcurrido desde el inicio del boom- nos llevaría a 54.000 hectáreas urbanizadas frente a las 20.000 actuales, casi tres veces más. En lo que respecta al número de viviendas se podrían construir para pasar de los 1.170.000 habitantes actuales a 2.570.000, algo más del doble. Cifras estas que proyectan una situación que supera con creces lo ocurrido anteriormente.
Aún así se quejan unos y otros; ello nos da una idea de la barbaridad que planeaban. Por nuestra parte, los ciudadanos que estamos por una comarca habitable decimos Bienvenido Sr. POTA.
Luis Andrés Zambrana es presidente de Aljarafe Habitable