"Hay jueces que han puesto obstáculos al proceso de paz"
José Ricardo de Prada (Madrid, 1957), juez internacional en la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina, reclamó ayer en San Sebastián una definición clara del concepto jurídico de terrorismo que impida en lo posible su "manipulación". De Prada, que trabajó durante quince años como magistrado en la Audiencia Nacional, donde probablemente volverá en unos meses, participó en las jornadas promovidas por Eusko Ikaskun-tza sobre Los límites del Estado de derecho frente a la violencia organizada. Ofreció una conferencia titulada Sobre terrorismo y terrorismos.
...
José Ricardo de Prada (Madrid, 1957), juez internacional en la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina, reclamó ayer en San Sebastián una definición clara del concepto jurídico de terrorismo que impida en lo posible su "manipulación". De Prada, que trabajó durante quince años como magistrado en la Audiencia Nacional, donde probablemente volverá en unos meses, participó en las jornadas promovidas por Eusko Ikaskun-tza sobre Los límites del Estado de derecho frente a la violencia organizada. Ofreció una conferencia titulada Sobre terrorismo y terrorismos.
Pregunta. Sostiene que en España se practica un derecho penal de emergencia y que se generaliza la excepción.
"No se dan soluciones al tema del terrorismo, se dan respuestas que, muchas veces, son autoritarias, para lo que se utiliza el derecho penal"
"La Audiencia Nacional ha llegado a un límite. Su trabajo es insatisfactorio. No es susceptible de reforma fácil. Es más conveniente su desaparición"
Respuesta. La situación en España es la misma que en el resto de Occidente. El 11-S fue determinante. Pero en España, donde existe un terrorismo local, hay particularidades. La asimetría entre el Estado y los terroristas es sana y lógica en una sociedad democrática. Sin embargo, aquí es fácil establecer medidas que, de alguna manera, terminan aproximando las formas de actuación, con una gravísima pérdida de legitimidad del Estado. Los ciudadanos queremos que las decisiones políticas se adopten de forma democrática, pero no que se haga mejor la coacción política. La respuesta penal que exigimos del Estado debe ser proporcionada, justa, sensata y pausada; debe evitar ese delirio por pasarse casi a los mismos métodos que el adversario.
P. ¿En ese "delirio" incluye la Ley de Partidos?
R. Es una respuesta excesiva e injustificada. No se dan soluciones al tema del terrorismo, se dan respuestas que, muchas veces, son autoritarias, para lo que se utiliza el derecho penal como instrumento. Las soluciones no pasan por impedir que un cuerpo electoral importante deje de tener capacidad de representación política. Ese intento de acabar con el terrorismo en lucha directa no es bueno y, además, tiene límites. Esos límites no se pueden traspasar y me temo que en muchos casos se traspasan.
P. Afirma usted que desde la Justicia se están poniendo "obstáculos" para encontrar soluciones al problema del terrorismo.
R. Sí. En el caso de la anulación de listas electorales, el Tribunal Supremo y el Constitucional han dictado resoluciones que no introducen precisamente elementos positivos para la solución de los conflictos, sino más bien para su enquistamiento. La solución al terrorismo no pasa por sucumbir a las demandas de los terroristas, pero sí por plantearse las posibles soluciones. Para mí es fundamental el valor de la paz.
P. ¿Cree entonces que pesa en exceso la política en la interpretación de las leyes?
R. En los años que he trabajado en la Audiencia Nacional he visto muchas cosas. Por ejemplo, durante la tregua cuando gobernaba Aznar, muchas de las conductas que hasta ese momento se estaban persiguiendo por parte de la Fiscalía se dejaron de perseguir. Todos los jueces nos pusimos hombro con hombro a aplicar la ley de una manera que no fuera perturbadora dentro del contexto social y político del momento. Ahora ha habido jueces que, directamente, han aplicado el sentido inverso y han puesto obstáculos al proceso de paz.
P. ¿Y cómo se soluciona esa tendencia?
R. Los que diseñan los procesos políticos que desembocan en los procesos de paz tienen que prever estas situaciones y ver de qué manera... En cualquier caso, lo que es cierto es que no parece legítimo ni ayudar al proceso de paz ni obstaculizarlo; simplemente se trata de interpretar las normas de acuerdo con el contexto social en que se producen. El juez no es ningún luchador.
P. En ese sentido, es muy crítico con la Audiencia Nacional.
R. Me siento poco identificado con ella, porque, no digo que sea una especie de quinta columna, pero sí que hay un grupo de jueces que retroalimentan continuamente sus ideas. No corre demasiado aire fresco en su interior. Al final se terminan homogeneizando y polarizando mucho las conductas en una determinada posición, y eso no es nada bueno.
P. ¿Estaría a favor de su de-saparición?
R. Ha llegado a un límite. Yo soy partidario de que existan órganos que tengan una cierta centralización de medios, capacidad para poder resolver determinado tipo de delicuencia organizada, pero eso se puede llevar a cabo a nivel territorial. No estoy en contra de la Audiencia Nacional por principio, por considerar que afecta al principio de juez natural. El problema es cómo opera. Su trabajo me parece muy insatisfactorio en este momento. No pienso que sea susceptible de reforma fácil y pienso que, en ese caso, es más conveniente su de-saparición y su sustitución por otros órganos que cumplan el mismo trabajo de una manera más efectiva y, sobre todo, con muchas menos perversiones.