Un juez anula un PAI en Xixona con 5.500 casas por ser contrario al interés general
El TSJ suspende definitivamente la urbanización de La Serreta, en la huerta de La Nucia
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha declarado nulo el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Xixona, gobernado por el PP, y un promotor para desarrollar un PAI que ocupa siete millones de metros cuadrados y prevé 5.500 casas. En la sentencia, el magistrado resalta que la iniciativa urbanística no responde "al interés público". La resolución judicial se produce a raíz de un recurso del PSPV. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido definitivamente el PAI de la Serreta, en plena huerta del término de La Nucia.
El magistrado es...
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha declarado nulo el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Xixona, gobernado por el PP, y un promotor para desarrollar un PAI que ocupa siete millones de metros cuadrados y prevé 5.500 casas. En la sentencia, el magistrado resalta que la iniciativa urbanística no responde "al interés público". La resolución judicial se produce a raíz de un recurso del PSPV. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido definitivamente el PAI de la Serreta, en plena huerta del término de La Nucia.
El magistrado estima de esta forma el recurso interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo de la junta local de gobierno del 22 de noviembre de 2005 mediante el cual se aprobó un convenio urbanístico entre el Consistorio y la mercantil Construcciones Valencia Constitución, SL, para desarrollar el PAI denominado Sector Residencial Golf Xixona, al sur del término del municipio. El programa urbanístico ocupa siete millones de metros cuadrados y prevé un campo de gol y 5.500 nuevas viviendas, extremo que duplicaría el censo actual de la localidad (7.500 habitantes). La iniciativa estaba incluida en la propuesta de concierto previo del Ayuntamiento para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento ya validado por el Consell.
En el recurso, los socialistas aseguraban que el convenio constituía un fraude de ley, no se ajustaba a la normativa reguladora de los contratos de las administraciones públicas por ser "irrelevante o perjudicial" para el interés público. Este último aspecto es asumido por el juez en la sentencia, que textualmente dice: "La causa del convenio es el interés del aspirante a urbanizador en la ampliación del sector a la mencionada superficie de terrenos. Causa que, habida cuenta su carácter marcadamente privado, encuentra difícil encaje en los intereses públicos que han de satisfacerse mediante los convenios en general, y los urbanísticos en particular".
El Grupo Municipal Socialista asegura que la sentencia no sólo anula el PAI sino que, además invalida el concierto previo para la elaboración del nuevo PGOU de la localidad. Mientras, Eugenio Burriel, secretario de Urbanismo y Vivienda de la ejecutiva del PSPV, considera que la anulación de ese PAI "deja nuevamente en evidencia la política del PP, que persigue el interés de unos pocos y no el de todos los valencianos". Burriel subraya q ue el convenio anulado "contaba con el beneplácito del Consell, que hace poco ha dado el visto bueno al concierto previo que incluye este descomunal PAI".
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso de súplica presentado por el Ayuntamiento de La Nucia contra la suspensión cautelar del PAI de La Serreta, que ocupa 2,7 millones de metros en plena huerta de ese municipio y prevé construir 3.884 casas. El TSJ suspendió el plan por no estar justificado el abastecimiento de agua. Mientras, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha sancionado con 30.000 euros al promotor del PAI, el grupo Ballester, por invadir suelo de dominio hidráulico. La Confederación obliga además al empresario a restaurar la zona, el barranco de Lopes.