El TSJ obliga a Benissa a que informe a los dueños del coste real de urbanización de un PAI
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha obligado al Ayuntamiento de Benissa, presidido por Juan Bautista Roselló, del PP, a "aclarar y justificar" ante los propietarios los 1,7 millones de euros que éstos han tenido que abonar al Consistorio como cuotas de urbanización en el proyecto del Pla de Carrals.
En este Programa de Actuación Integrada (PAI), gestionado directamente por el Consistorio dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se ha promovido un proyecto de urbanización que cuenta con la participación de los propietarios, que no se han desvi...
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha obligado al Ayuntamiento de Benissa, presidido por Juan Bautista Roselló, del PP, a "aclarar y justificar" ante los propietarios los 1,7 millones de euros que éstos han tenido que abonar al Consistorio como cuotas de urbanización en el proyecto del Pla de Carrals.
En este Programa de Actuación Integrada (PAI), gestionado directamente por el Consistorio dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se ha promovido un proyecto de urbanización que cuenta con la participación de los propietarios, que no se han desvinculado de sus propiedades. Éstos están obligados por la ley a abonar los costes de la gestión de la iniciativa urbanística.
En su sentencia, el TSJ asegura que, de acuerdo con la Ley Urbanística Valenciana (LUV), los propietarios deben conocer "el gasto real efectuado por el Ayuntamiento en la gestión de la urbanización Pla de Carrals, determinando la partida y concepto exacto del gasto".
Además, el tribunal obliga al Ayuntamiento a incoar el expediente administrativo y declarar nulos la mayoría de las actuaciones que ha realizado en el programa urbanístico, como son la aprobación de los proyectos o la contratación de las obras.
Uno de los vecinos afectados, interpuso una reclamación judicial que obtuvo una sentencia favorable al condenar al Ayuntamiento a explicar los gastos efectuados, ya que del presupuesto inicial aprobado por el consistorio, se aprobó posteriormente una modificación en la que el gasto se incrementaba un 20% alcanzando el proyecto una cuantía de más de 1,7 millones de euros.
Sin embargo, el Ayuntamiento continuaba sin aclarar a los vecinos la partida de sus gastos hasta que ahora es el TSJ quien le obliga a "dar explicaciones a los propietarios" de los gastos que el gobierno local está efectuando con el programa de urbanización a cargo de los propietarios del suelo.