La Fiscalía investiga los censos de otros tres municipios en Castellón
La Fiscalía de Castellón tiene ya la documentación relativa a los censos presuntamente manipulados de otros tres pueblos de la provincia, que se unen a los tres que ya se estaban investigando. La intervención de fiscalía se produce después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) determinara la imposibilidad de constatar que los individuos que, en los últimos meses, se han empadronado en cada uno de los municipios vivan realmente en los domicilios que figuran en sus solicitudes de alta. De hecho, estas señas responden, en algunos casos, a casas abandonadas, inhabitables o, incluso, so...
La Fiscalía de Castellón tiene ya la documentación relativa a los censos presuntamente manipulados de otros tres pueblos de la provincia, que se unen a los tres que ya se estaban investigando. La intervención de fiscalía se produce después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) determinara la imposibilidad de constatar que los individuos que, en los últimos meses, se han empadronado en cada uno de los municipios vivan realmente en los domicilios que figuran en sus solicitudes de alta. De hecho, estas señas responden, en algunos casos, a casas abandonadas, inhabitables o, incluso, solares. Así, a los municipios de Fanzara, Cabanes y Argelita se han unido ahora los de Vall d'Alba, Santa Magdalena de Pulpis y Salzadella. Todos ellos están gobernados por el PP a excepción de Argelita donde fue el propio alcalde socialista el que denunció el intento de dos concejales populares de empadronar a varias personas en sus propios domicilios.
La estabilidad de los dos grandes partidos depende de los resultados del 27-M
En este caso, el Ayuntamiento interpuso una denuncia en el juzgado, que ya ha llamado a declarar a todos los propietarios de las viviendas. Concejales de la oposición y vecinos de los municipios afectados se reunieron ayer para pedir celeridad a la Fiscalía, con el fin de que resuelva o adopte medidas cautelares antes de las elecciones y, así, evitar la impugnación de los comicios. En el caso de que se impugnaran los resultados en todos estos pueblos, no sólo estaría en el aire el signo de gobierno de una decena de ayuntamientos sino que quedaría en suspenso la presidencia de la Diputación de Castellón.