El TSJA para un proyecto de 600 viviendas en Maracena
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido de manera cautelar un proyecto urbanístico promovido por el Ayuntamiento de Maracena (Granada), gobernado por el PP, y que prevé la construcción de más de 600 viviendas junto a zonas verdes y equipamientos en unos terrenos de 60.000 metros cuadrados ocupados por una fábrica. El proyecto fue aprobado definitivamente por el pleno municipal hace año y medio, pero fue recurrido por la Junta al considerar que el consistorio cambió el uso del suelo de industrial a residencial de manera irregular.
El TSJA ha paralizado la opera...
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido de manera cautelar un proyecto urbanístico promovido por el Ayuntamiento de Maracena (Granada), gobernado por el PP, y que prevé la construcción de más de 600 viviendas junto a zonas verdes y equipamientos en unos terrenos de 60.000 metros cuadrados ocupados por una fábrica. El proyecto fue aprobado definitivamente por el pleno municipal hace año y medio, pero fue recurrido por la Junta al considerar que el consistorio cambió el uso del suelo de industrial a residencial de manera irregular.
El TSJA ha paralizado la operación en Maracena (20.000 habitantes), según adelantó ayer el diario Ideal, al emplear el ayuntamiento una figura urbanística denominada "innovación" para permitir la construcción de las 600 casas donde sólo estaba permitido construir naves industriales, y ahora en dichos terrenos se ubican las instalaciones de la fábrica de pavimentos de la empresa Jimesa. El tribunal ha decidido suspender la urbanización porque si finalmente es considerada ilegal, se habrían consolidado "unas actuaciones urbanísticas en las que se consolidaría un aumento de edificabilidad que no se había previsto".
Recurso del consistorio
Ante el recurso interpuesto por la Junta, el ayuntamiento anunció entonces un recurso de amparo ante el Defensor del Pueblo, José Chamizo, por "la persecución política de la Administración autonómica". En su día, el alcalde, Julio Manuel Pérez, manifestó: "No es serio que la máxima autoridad en materia de Urbanismo diga una cosa, la aceptemos y aprobemos en pleno y después diga que se ha equivocado". El Defensor del Pueblo sugirió al consistorio que analizara a fondo el dictamen emitido sobre el asunto por la consejería de Obras Públicas, y en su caso, "reflexione sobre la necesidad de efectuar las modificaciones que procedan en el contenido del convenio objeto de tramitación para la nueva ordenación urbanística de los terrenos que ocupa Jimesa".
El alcalde precisó ayer en un comunicado que hasta ahora "no ha concedido ninguna licencia, ni se ha realizado construcción alguna" en dichos terrenos, y que la edificabilidad se ha reducido desde los 1,7 m2 de techo por m
2 de superficie iniciales, a los 1,3, tal y como indica la ley.
"La elaboración de la innovación produce que en un suelo de 59.987 metros
cuadrados se cedan para zonas verdes y equipamientos una superficie de 42.000
metros", alegó el alcalde para justificar la baja densidad de superficie construida que contempla el proyecto.