El alcalde de Riba-roja envía cartas para que su causa de cohecho no afecte al voto

La oposición considera malversación el franqueo de 20.000 misivas a cargo del Ayuntamiento

Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja, del PP, imputado en dos causas por posibles delitos de cohecho (cobro de comisiones ilegales como donaciones) y prevaricación (trama familiar de intereses urbanísticos), ha enviado cartas a los vecinos para rechazar las acusaciones, culpar a la "manipulación informativa", y evitar que influyan en el voto. "El tiempo pondrá de manifiesto los méritos y calidad humana de cada uno, pero el tiempo pasa y los malinformados pueden tomar decisiones equivocadas", dice el alcalde en las 20.000 cartas enviadas a mes y medio de las elecciones.

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Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja, del PP, imputado en dos causas por posibles delitos de cohecho (cobro de comisiones ilegales como donaciones) y prevaricación (trama familiar de intereses urbanísticos), ha enviado cartas a los vecinos para rechazar las acusaciones, culpar a la "manipulación informativa", y evitar que influyan en el voto. "El tiempo pondrá de manifiesto los méritos y calidad humana de cada uno, pero el tiempo pasa y los malinformados pueden tomar decisiones equivocadas", dice el alcalde en las 20.000 cartas enviadas a mes y medio de las elecciones.

"La única razón que pretende esta carta es demostrar la verdad y evitar la manipulación"
Tarazona está imputado en dos casos que rebate abiertamente en sus cartas

Tarazona ha enviado 20.000 cartas personales a los vecinos de la localidad de Camp de Túria. El franqueo de las mismas ha sido pagado por el propio Ayuntamiento y su manipulación corrió a cargo de funcionarios municipales, según denunció ayer el candidato socialista a la alcaldía, Robert Raga. Compromís per Riba-roja (EU, Bloc y Verds) denunció ayer que el PP y Tarazona "utilizan dinero público para hacer campaña electoral" y anunció que "reclamará ante la Junta Electoral".

El alcalde justifica las misivas ante "la manipulación informativa que, en los últimos meses, se está produciendo en los medios de comunicación y en panfletos repartidos por la calle". Tarazona está imputado en dos causas que rebate abiertamente en sus cartas.

La primera es consecuencia de la querella presentada el pasado mes de agosto por el PSPV contra el alcalde y dos ediles, sobrinos de Tarazona, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Los socialistas denuncian una trama de intereses urbanísticos que afectarían a varios PAI, incluido el proyecto urbanístico de Porxinos, partida donde el Valencia CF pretende ubicar su ciudad deportiva.

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En la segunda, una juez de Llíria investiga el posible pago de comisiones ilegales camufladas bajo la fórmula de donaciones para la obtención de licencias de obras en Riba-roja. Está imputado desde el 6 de marzo por un posible delito de cohecho, al igual que Vicente Pérez Saura, el empresario que presentó la denuncia y aseguró haber tenido que dar 120.350 euros al Consistorio para la adjudicación de un Plan de Actuación Urbanística.

En sus cartas personales, Tarazona reduce la querella socialista al PAI de Porxinos, insiste en que los técnicos del Ayuntamiento han "aportado toda la documentación requerida por el juzgado con el fin de rebatir las falsedades"; incide en que "se ha cumplido fielmente la ley" y, por ello, señala: "Nuestros abogados han pedido el archivo de todas las actuaciones". Acaba este apartado apelando a su honestidad y su búsqueda de beneficios para el pueblo.

En relación con la denuncia del empresario Pérez Saura, en la que dice que "ha sido obligado a dar un donativo al Ayuntamiento", Tarazona lo niega todo. Abunda en que las donaciones al Ayuntamiento están amparadas por la legalidad y dice que "la recepción de las mismas es práctica habitual en esta y otras corporaciones". "También lo fue durante el gobierno municipal del partido socialista", apostilla. El alcalde reitera la voluntariedad del donativo.

El alcalde del PP, que volverá a presentarse en las próximas elecciones municipales del 27 de mayo, puntualiza que con los donativos de los promotores se incrementan las inversiones en infraestructuras, las ayudas a asociaciones y las mejoras de los servicios.

Sobre estos dos casos en los que está imputado por el juez, Tarazona sostiene que "ha habido una publicidad extensa en los medios de comunicación con titulares, muchas veces falsos, que deterioran el contenido real de la noticia". Acusa a los socialistas y a Pérez Saura de orquestar una campaña contra él e insta a los vecinos a que "valoren la veracidad" de las denuncias y de la "campaña mediática" contra la gestión del gobierno de Riba-roja. "La única razón que pretende esta carta es demostrar la verdad y evitar la manipulación", añade.

Además de denunciar el envío de las cartas personales, el candidato socialista a la alcaldía, Robert Raga, hace hincapié en las falsedades que incluye, como que la denuncia de los socialistas se limite al PAI de Porxinos o que se sugiera que se ha archivado el caso. Recuerda que las donaciones son legales si van destinadas a Patrimonio del pueblo y si no están condicionadas a la aprobación de planes urbanísticos, como denunció el empresario Pérez Saura.

Compromís per Riba-roja recuerda que "cuando la justicia imputa es porque ve indicios de delito y, de entrada, parece que los ha visto en su actuación y en la de dos familiares".

Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja, en los juzgados de Llíria.C. FRANCESC

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