BNG y PSdeG aseguran que Ourense verá el urbanismo bloqueado por nuevas sentencias
El portavoz nacionalista acusa al PP de encargar la redacción del plan general "a un amigo"
La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que declara la nulidad del Plan Xeral de Ordenación Municipal en 75.000 metros cuadrados del barrio de A Ponte, podría no ser la única que cuestione el planeamiento urbanístico de Ourense aprobado en 2003 por el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Los dos grupos de oposición, BNG y PSdeG, vaticinan la aparición de nuevas sentencias judiciales, como consecuencia de varios procesos ahora en curso, que causarán "nuevos problemas" en distintas zonas de la ciudad.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya ha anulado tam...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que declara la nulidad del Plan Xeral de Ordenación Municipal en 75.000 metros cuadrados del barrio de A Ponte, podría no ser la única que cuestione el planeamiento urbanístico de Ourense aprobado en 2003 por el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Los dos grupos de oposición, BNG y PSdeG, vaticinan la aparición de nuevas sentencias judiciales, como consecuencia de varios procesos ahora en curso, que causarán "nuevos problemas" en distintas zonas de la ciudad.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya ha anulado también el Plan Xeral de Ordenación Municipal en la zona de Rabo de Galo, en donde estaba prevista la ejecución de 700 viviendas sociales, a instancias de particulares afectados por la recalificación de los terrenos.
Nacionalistas y socialistas cuestionan el plan general orensano en su conjunto. El PSdeG lo denunció ya en su momento, y el BNG sostiene que está viciado en origen. "El PP le encargó la redacción a un amigo del entonces alcalde de la ciudad", Manuel Cabezas, denuncia el portavoz municipal del BNG, Alexandre Sánchez Vidal. "Le entregó 1,2 millones de euros a cambio de valoraciones técnicas ad hoc que legalizaban auténticas barbaridades y que contradecían incluso los informes de los técnicos municipales que establecían que esa no era la mejor oferta", asegura.
El portavoz nacionalista sostiene que desde ese primer momento, y hasta ahora, el grupo de gobierno del Ayuntamiento ha estado "favoreciendo intereses particulares sobre el interés general, colocando en situación de desprotección absoluta a los vecinos y a los promotores que actúan de buena fe".
A la vista del silencio del actual alcalde, Enrique Nóvoa - a quien los dos grupos de la oposición responsabilizan de haber ocultado la sentencia del alto tribunal gallego, que trascendió porque los particulares afectados la entregaron al BNG-, Sánchez Vidal le emplaza a mantener un debate público para aclarar la situación urbanística de la ciudad. "Si quiere un pleno, en pleno", concede el nacionalista, "pero desde luego con presencia de los ciudadanos o retransmitido para que todos puedan enterarse de lo que está pasando en Ourense".
Sánchez Vidal advierte al regidor orensano que si cuando recibió la sentencia que anula el plan general de Ourense en el área de expansión de A Ponte hubiera pedido una reunión de los grupos municipales, no tendrían que "estar denunciando esto ahora en ruedas de prensa".
"Fraude y engaño"
Además, tilda de "fraude y engaño monumental a los ciudadanos" las declaraciones del actual concejal de Urbanismo, José Luis Rodríguez Cid, quien calificó de electoralista la valoración del BNG sobre la sentencia. "Las sentencias son objetivas, no se emiten con fines electoralistas", replica Sánchez Vidal, "y ésta en concreto tiene dimensiones gravísimas para la ciudadanía".
El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Rodríguez, entiende que al alcalde "se le está cayendo el castillo de naipes que montó". En su opinión, el Plan Xeral de Ordenación Municipal "es inejecutable e ilegal". Rodríguez se pregunta quién va a pagar ahora los servicios generales inherentes a la parte de la ciudad afectada por la sentencia "cuando el Ayuntamiento eximió a los constructores de todo pago".
El alcalde, Enrique Nóvoa, que ayer eludió de nuevo pronunciarse sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, había anunciado hace unas semanas la próxima construcción de un aparcamiento subterráneo en el subsuelo de la zona afectada por la nulidad de la urbanización del barrio de A Ponte.