La Generalitat lleva 9 meses sin resolver los sobrecostes en VPO

El presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios de Castellón, Juan Carlos Insa, desveló ayer que la Generalitat lleva nueve meses sin resolver el cobro de sobrecostes en la compra de viviendas de protección oficial denunciado en la capital de La Plana el pasado mayo. Tanto Insa como el secretario del colectivo, Enric Pallarés, advirtieron que la falta de resolución puede demorarse de tal forma que la denuncia acabe prescribiendo, ya que la norma otorga un plazo de tres años.

Después de nueve meses, la UCE, que representa a algunos de los vecinos afectados por el cobro de sobrecoste...

El presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios de Castellón, Juan Carlos Insa, desveló ayer que la Generalitat lleva nueve meses sin resolver el cobro de sobrecostes en la compra de viviendas de protección oficial denunciado en la capital de La Plana el pasado mayo. Tanto Insa como el secretario del colectivo, Enric Pallarés, advirtieron que la falta de resolución puede demorarse de tal forma que la denuncia acabe prescribiendo, ya que la norma otorga un plazo de tres años.

Un ciudadano medio "hipoteca su vida laboral" para pagar una vivienda

Después de nueve meses, la UCE, que representa a algunos de los vecinos afectados por el cobro de sobrecostes, ha presentado un nuevo escrito ante la Consejería de Territorio y Vivienda en el que hace constar la finalización de los plazos previstos por la ley para que la empresa denunciada presente alegaciones. "A pesar del tiempo transcurrido (...) todavía no ha recaído ninguna resolución al respecto", indica el escrito.

La UCE anunció en diciembre la existencia de varios casos en los que había detectado el cobro de elevadas cantidades sobre el precio de viviendas de protección oficial que, en algunos casos, hicieron que el precio de las VPO se elevara hasta en un 40%. Los conceptos por los que la promotora les exigía a los nuevos propietarios el sobrecoste se centran en supuestas "mejoras" que, incluso, figuraban inicialmente en la memoria de calidades de los pisos. En cualquier caso, la promoción de viviendas denunciadas en primer lugar no fue la única ya que al poco tiempo otro afectado denunció la exigencia del pago de una segunda plaza de garaje, un porcentaje de un local común y otras mejoras que ascendían a un total de 40.000 euros, que hubo de sumar a los 110.000 euros, que era el precio en el que se tasó su vivienda.

Los representantes del colectivo pusieron ayer como ejemplo comparativo un caso concreto registrado y denunciado en Galicia donde la Xunta abrió una investigación y, en nueve meses, sancionó a la promotora y la obligó a devolver las cantidades de más aportadas por los vecinos, a quienes también exigieron un sobrecoste por supuestas mejoras.

La UCE realizó también ayer un estudio sobre la evolución del precio de la vivienda en Castellón en el que valoraró los tipos medios de los préstamos hipotecarios, la duración de las amortizaciones y los incrementos salariales, tomando el convenio del azulejo como el más representativo para los trabajadores de Castellón. Tal como señaló Pallarés, de la comparativa de los datos se desprende que un ciudadano medio "hipoteca su vida laboral" cuando se enfrenta al pago de un préstamo para la adquisición de una vivienda. De las variables analizadas concluye que, en 2006, para adquirir una vivienda de renta libre "cualquier ciudadano debía tener, como mínimo, unos 50.000 euros ahorrados" para el pago de la entrada, así como unos ingresos netos familiares de 2.200 euros mensuales. Los datos indican además que, con un préstamo a 26 años, la cuota a pagar mensualmente "supera por primera vez la cantidad correspondiente a un salario medio de la cerámica".