Agresión en Bilbao

La sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha sido escenario de un hecho no por previsible menos grave: un militante nacionalista convocado por su partido para arropar al lehendakari Ibarretxe en su nueva comparecencia judicial agredió a un miembro del Foro de Ermua. Al día siguiente, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, acusaba a esta asociación de haber organizado una contramanifestación y de provocar e insultar a los simpatizantes nacionalistas. Con independencia de las circunstancias en que se produjo, la agresión merecería la repulsa de todos los partidos....

La sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha sido escenario de un hecho no por previsible menos grave: un militante nacionalista convocado por su partido para arropar al lehendakari Ibarretxe en su nueva comparecencia judicial agredió a un miembro del Foro de Ermua. Al día siguiente, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, acusaba a esta asociación de haber organizado una contramanifestación y de provocar e insultar a los simpatizantes nacionalistas. Con independencia de las circunstancias en que se produjo, la agresión merecería la repulsa de todos los partidos.

Por descontado, los tribunales de justicia establecerán los hechos, condenarán a los responsables de la agresión y, si se confirmasen los extremos de la denuncia presentada por el Foro Ermua, a los miembros de las fuerzas de seguridad presentes en el lugar de los hechos que se habrían abstenido de intervenir. Pero esa eventual secuencia judicial no resolverá el fondo de la cuestión, que tiene que ver con la generalización de una estrategia política que debería ser abandonada cuanto antes. El país atraviesa un periodo de crispación que amenaza con sobrepasar las instituciones y llegar hasta la sociedad. En estas circunstancias, los partidos políticos deberían hacer un esfuerzo por reconducir las controversias a las instituciones, que es el ámbito en el que tendrían que resolverse, y no trasladarlas a las calles, multiplicando los riesgos de un desbordamiento emocional.

El derecho de manifestación no puede convertirse en un mecanismo de presión a la justicia u otras instituciones. Para las asociaciones es una cuestión de responsabilidad cívica; para los partidos, una inexcusable exigencia.