Un juez imputa a cuatro empresarios en Granada por cohecho
El juez titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe (Granada), Miguel Ángel Gómez Torres, ha imputado a cuatro empresarios por un presunto delito de cohecho en el caso Marchelo, que investiga las irregularidades en la gestión urbanística de la localidad de Alhendín. Los promotores abonaron supuestamente comisiones ilegales para que el parque industrial Marchalhendín y la urbanización Novosur prosperaran sin trabas por parte del ayuntamiento.
El juez ha imputado a los empresarios y hermanos Fernando y Juan Muñoz Tamara, propietarios de los terrenos del polígono industrial Mar...
El juez titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe (Granada), Miguel Ángel Gómez Torres, ha imputado a cuatro empresarios por un presunto delito de cohecho en el caso Marchelo, que investiga las irregularidades en la gestión urbanística de la localidad de Alhendín. Los promotores abonaron supuestamente comisiones ilegales para que el parque industrial Marchalhendín y la urbanización Novosur prosperaran sin trabas por parte del ayuntamiento.
El juez ha imputado a los empresarios y hermanos Fernando y Juan Muñoz Tamara, propietarios de los terrenos del polígono industrial Marchalhendín, por supuestos delitos de cohecho y alteración de concurso público. Ambos están citados para comparecer el próximo 2 de abril. Un día después lo harán el representante de la promotora Frai, Fernando Rodríguez Acosta, por un presunto delito de cohecho, así como Luis Alonso Polo, anterior socio en la sociedad Parque Empresarial de Alhendín, también acusado de cohecho. Al parecer, las irregularidades cometidas han sido numerosas, y fuentes policiales avisaron ayer de que habrá más detenciones de promotores en las próximas semanas.
Los cuatro empresarios imputados completan parte de la supuesta red de sobornos tejida en torno a dos proyectos de gran envergadura en Alhendín, y cuya desarticulación se inició hace tres semanas con la detención del ex concejal de Urbanismo Manuel Fernández y la imputación del ex alcalde José Guerrero (PP). Ambos dimitieron de sus cargos tras trascender numerosas conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores.
Mientras, el juez ha denegado la personación del PP de Granada como parte perjudicada en la causa. El magistrado entiende que la personación no tiene cabida debido a que ambos dirigentes son imputados, "y no perjudicados" en el procedimiento. El PP defendió la gestión de Guerrero y Fernández al comienzo de la operación policial, pero después de trascender nuevas escuchas telefónicas solicitó su personación en la causa y dio la espalda a sus cargos imputados.