Diana para las reclamaciones
Administradores y altos cargos de la empresa española están cada vez más expuestos a reclamaciones de la propia sociedad, los accionistas, los acreedores sociales, los empleados y los organismos públicos por las decisiones que toman a diario. El problema afecta a todo tipo de compañías, con independencia del tamaño. En contra de lo que los gerentes de las pymes suelen pensar, en ciertos casos éstos están más expuestos a una reclamación que los de una multinacional. Éste es un asunto de vital importancia, ya que el administrador responde con su patrimonio personal y familiar de las consecuencia...
Administradores y altos cargos de la empresa española están cada vez más expuestos a reclamaciones de la propia sociedad, los accionistas, los acreedores sociales, los empleados y los organismos públicos por las decisiones que toman a diario. El problema afecta a todo tipo de compañías, con independencia del tamaño. En contra de lo que los gerentes de las pymes suelen pensar, en ciertos casos éstos están más expuestos a una reclamación que los de una multinacional. Éste es un asunto de vital importancia, ya que el administrador responde con su patrimonio personal y familiar de las consecuencias de su gestión. Además, si el administrador forma parte de un Consejo de Administración responde de forma solidaria.
¿Ante quién responden los administradores y altos cargos en España?
- Responsabilidad por daños. Exigible a través de la acción social y la acción individual de responsabilidad, que proceden cuando se haya causado daño a la sociedad o a los intereses de los accionistas o de terceros, habitualmente empleados y acreedores sociales.
- Responsabilidad por deudas. Los administradores pueden responder con su patrimonio de las deudas de la sociedad, en el caso de que, por ejemplo, se reduzca el patrimonio social por debajo de la mitad del capital y los administradores no convoquen a los accionistas para que corrijan la situación o incluso acuerden la disolución de la sociedad.
- Ley Concursal. Fija un régimen específico de responsabilidad de los administradores, vinculado al supuesto de liquidación, y siempre que el concurso se califique como culpable, lo cual procederá si hay dolo o culpa grave de los administradores en la generación o agravación del estado de insolvencia de la empresa.
- Los administradores y altos cargos están expuestos a reclamaciones de los empleados de la sociedad, no ya sólo por supuestas faltas de gestión, sino por situaciones en las que se alegue la vulneración de derechos fundamentales, tales como los de igualdad y libre opinión, y en casos de supuesto acoso laboral (mobbing) o de discriminación laboral, incluso si el causante directo de tales situaciones no es el alto cargo, sino un empleado cualquiera.
- - Los organismos públicos, como Ministerio Fiscal, Banco de España, CNMV y Agencia Tributaria, pueden iniciar investigaciones e imponer sanciones contra los administradores a consecuencia de sus actos de gestión. Los administradores responderán subsidiariamente de la deuda tributaria de la sociedad (y, en ciertos casos, también de las sanciones) cuando, por ejemplo, no hubiesen realizado los actos de su incumbencia para cumplir las obligaciones tributarias, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones.
Tras este repaso de los principales riesgos que amenazan el patrimonio personal del administrador, la pregunta es inevitable: ¿cómo pueden protegerse los altos cargos de forma eficaz frente a tales riesgos?
La respuesta no la hallaremos sólo en una gestión diligente de los asuntos, ya que hay situaciones de riesgo en el día a día de la empresa que no están totalmente controladas.
La única fórmula de protección eficaz pasa por contratar un "seguro de Administradores y Altos Cargos", internacionalmente conocido como "seguro D&O" (abreviatura de directors and officers), que tiene como objetivo cubrir las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad, incluyendo tanto las indemnizaciones a las que deban hacer frente como los gastos de defensa y, en su caso, los gastos de investigación y las sanciones administrativas.
Tales seguros son la garantía de que el patrimonio de los gerentes no se verá amenazado por una posible reclamación que alegue una falta de gestión. De este modo podrán dirigir y gestionar sin preocuparse de forma permanente por las responsabilidades en las que pueden incurrir.
J. Romero es director del área de Seguros para Altos Cargos y Riesgos Financieros de Markel International España.