Galicia y otras seis comunidades piden decidir dónde se habilitan juzgados
Siete de las nueve autonomías a las que el Estado ha transferido las competencias en materia de Justicia reclamaron ayer la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para que en el futuro las comunidades autónomas tengan capacidad para decidir la ubicación de las nuevas unidades judiciales.
El texto que firmaron ayer los consejeros de Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco y Navarra, además de José Luis Méndez Romeu que representaba a la Xunta, (los representantes de Navarra y Madrid se negaron a ratificarlo) se...
Siete de las nueve autonomías a las que el Estado ha transferido las competencias en materia de Justicia reclamaron ayer la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para que en el futuro las comunidades autónomas tengan capacidad para decidir la ubicación de las nuevas unidades judiciales.
El texto que firmaron ayer los consejeros de Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco y Navarra, además de José Luis Méndez Romeu que representaba a la Xunta, (los representantes de Navarra y Madrid se negaron a ratificarlo) será enviado al Ministerio de Justicia para que pueda ser debatido en una conferencia sectorial en los próximos meses. El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, reconoció en rueda de prensa, tras la reunión de la comisión de coordinación celebrada en Santiago, que las demandas presentadas por los gobiernos autonómicos al ministerio "siempre son superiores a la posibilidad de creación de órganos judiciales".
Méndez Romeu explicó que Galicia ha realizado numerosas reivindicaciones de juzgados en muy distintas áreas durante los últimos meses y en especial una sala especializada en delitos de violencia de género.
En la reunión -la primera en que participan todas las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia- se acordó también solicitar al Gobierno la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para posibilitar la plena utilización de las lenguas oficiales reconocidas en cada autonomía y que los ciudadanos puedan expresarse libremente en el idioma que ellos elijan. Al terminó la reunión, Méndez Romeu explicó que la negativa de los representantes de Madrid y Valencia a firmar el documento consensuado obedece "a razones estrictamente políticas".