El fiscal mantiene los cargos de cohecho contra los ex concejales de Gondomar
Iban a cobrar 600.000 euros a cambio de aprobar tres convenios urbanísticos para favorecer a la promotora A Pousa, según la acusación que mantiene el fiscal contra los ex concejales del equipo de gobierno del Partido Popular de Gondomar Alejandro Gómez y José Luis Mosquera y el arquitecto Francisco Javier Ramilo, que ayer comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo y a los que les imputa tres delitos de cohecho.
Los tres fueron detenidos el pasado 14 de febrero, cuando iban a recibir una primera entrega de 60.000 euros por parte del representante de la promotora a la que...
Iban a cobrar 600.000 euros a cambio de aprobar tres convenios urbanísticos para favorecer a la promotora A Pousa, según la acusación que mantiene el fiscal contra los ex concejales del equipo de gobierno del Partido Popular de Gondomar Alejandro Gómez y José Luis Mosquera y el arquitecto Francisco Javier Ramilo, que ayer comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo y a los que les imputa tres delitos de cohecho.
Los tres fueron detenidos el pasado 14 de febrero, cuando iban a recibir una primera entrega de 60.000 euros por parte del representante de la promotora a la que iban a beneficiar. El dinero lo recibió el concejal delegado de Cultura, José Luis Mosquera, y su compañera sentimental, Belén Fernández, a la que se le imputa un delito de cohecho en grado de complicidad. La entrega se materializó en una cafetería de Vigo después de que M.R.G. denunciara los hechos ante el fiscal de Ordenación del Territorio y la jueza ordenara los pinchazos telefónicos de los detenidos a agentes del Seprona.
El abogado Fernando Rubianes, que ejerce la defensa de Mosquera Veleiro, planteó la ilegalidad de las escuchas telefónicas practicadas, invocando el caso Naseiro, y cree que se ha producido un delito provocado.
El resto de las defensas se adhirieron a sus peticiones. También solicitó las declaraciones de Manuel Rodríguez González, la persona que sirvió de gancho, y de los representantes de la promotora A Pousa, así como de la arquitecta responsable del planeamiento municipal. En cuanto a una posible financiación irregular de partidos políticos, el abogado comentó que "al menos hasta el día de hoy no hay ninguna constancia de que una parte del dinero se fuese a destinar a financiar al Partido Popular", como comentó uno de los detenidos.
A la cita judicial no acudió el abogado que ejerce la acusación particular en representación del Partido Popular. Pablo Merino, que se personó en la causa hace apenas una semana, justificó su ausencia en un mero trámite, al no haber sido notificado de la comparecencia por el propio juzgado. El letrado indicó a este diario que pedirá que se repita la comparecencia de ayer.
En cuanto al fondo del asunto, a la espera de conocer las diligencias practicadas y las declaraciones de los imputados, Merino no ha decidido todavía las acciones que va a ejercer. "Hay un doble motivo para que el PP haya decidido personarse y es porque se considera perjudicado por la conducta aparentemente reprobable de unos señores. Y además comprobar si son ciertas algunas informaciones que nos parecen injuriosas", declaró.