El PP cambia la ley de Gobierno para reforzar la autoridad del jefe del Consell
La oposición cree que la argucia para sortear la ley electoral lleva a un "pantano legal"
El PP hizo ayer uso de su mayoría absoluta para modificar en las Cortes Valencianas por procedimiento de urgencia y sin derecho a enmiendas la ley de Gobierno valenciano. Las modificaciones refuerzan la autoridad del jefe del Consell, que nombrará directamente los secretarios autonómicos en detrimento de los consejeros, y fijan el número de diputados en 99. Un cambio con el que se pretenden suplir las carencias de la actual ley Electoral, superada por el nuevo Estatut, y la falta de voluntad para pactar las modificaciones necesarias con la oposición. Socialistas y Entesa advirtieron ayer de qu...
El PP hizo ayer uso de su mayoría absoluta para modificar en las Cortes Valencianas por procedimiento de urgencia y sin derecho a enmiendas la ley de Gobierno valenciano. Las modificaciones refuerzan la autoridad del jefe del Consell, que nombrará directamente los secretarios autonómicos en detrimento de los consejeros, y fijan el número de diputados en 99. Un cambio con el que se pretenden suplir las carencias de la actual ley Electoral, superada por el nuevo Estatut, y la falta de voluntad para pactar las modificaciones necesarias con la oposición. Socialistas y Entesa advirtieron ayer de que la argucia del PP para sortear la obsoleta ley Electoral sólo lleva a un "pantano legal".
Las Cortes Valencianas cerraron ayer las persianas sin saber si volverán a levantar el cierre para un último pleno a finales de marzo. La decisión queda a expensas ahora de la estrategia que fije presidencia de la Generalitat y su titular Francisco Camps, que tiene plena potestad para manejar el calendario y decidir cuál es el mejor momento para anunciar las candidaturas a Cortes Valencianas y hacer públicos los descartes.
En este ambiente, el Grupo Popular hizo uso ayer de su mayoría absoluta para modificar la ley de Gobierno valenciano por procedimiento de urgencia. Un sistema que impide presentar enmiendas y que liquida la discusión en poco más de una hora. El portavoz popular Rafael Maluenda justificó la iniciativa por que es "un procedimiento legítimo", los socialistas realizaron varias modificaciones en sus años de gobierno y los cambios quieren adaptarse a lo fijado en el nuevo Estatut. Maluenda rechazó el enfrentamiento e hizo un discurso de tono bajo sin reprochar en exceso a la oposición su voto negativo.
El portavoz adjunto del PSPV Antoni Such buscó tensionar y evidenciar la "trágala" impuesta por el PP. Such negó la urgencia de la ley al final de la legislatura cuando se han producido tres remodelaciones del Consell, se ha evidenciado la existencia de facciones internas, ha habido filtraciones del secreto de las deliberaciones y se mantiene a varios consejeros quemados.
Such recalcó que el cambio que permite al jefe del Consell nombrar los secretarios autonómicos en detrimento de los consejeros es un "aviso para el reparto de poder de cara a la confección de las listas". "Camps quiere tener el control absoluto del segundo escalón de la Generalitat", dijo el socialista, que también explicó que utilizar la ley de Gobierno para fijar el número de escaños del nuevo Parlamento es "una argucia" que está condenada al fracaso.
El portavoz de Esquerra Unida-L'Entesa, Joan Ribó, abundó en que la nueva ley de Gobierno valenciano "es un pantano legal" en el que meten a todos los valencianos. Ribó acusó a Camps de eludir al Parlamento y de evitar el control de la oposición.
El crimen del aguilucho
El presidente de las Cortes, el popular Julio de España, impidió ayer al socialista José Camarasa defender la proposición de ley de Comunidades de Valencianos en el Exterior. De España mantuvo ayer su decisión de no dejar entrar a Camarasa en el hemiciclo tras ser expulsado el miércoles cuando, en medio de una bronca motivada por el caso De Juana Chaos, acusó a los populares de sacar "el aguilucho" en las últimas manifestaciones realizadas.
El presidente de la Cámara se negó a dejar entrar en el hemiciclo al diputado socialista si no pedía perdón públicamente. Pretensión a la que el parlamentario sancionado -enfrentado ya con De España por grabar a un empresario que relacionó a Eduardo Zaplana con el cobro de comisiones ilegales por trabajos en Terra Mítica- se negó. Camarasa, que tachó la exigencia de cínica, permaneció en los pasillos anexos al hemiciclo, donde estuvo acompañado por buena parte de la bancada socialista durante el debate de la proposición de ley sobre las Comunidades de Valencianos.
El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, acusó al Consell y al Grupo Popular de utilizar las Cortes "como una franquicia del PP de Mariano Rajoy para aplicar el guión de la crispación". Pla tachó de "inadmisible" el comportamiento del presidente de las Cortes.
De España, alineado con el zaplanismo, se despidió ayer de los diputados como presidente de la Cámara.
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