El plazo de pago de las empresas comerciales bajó casi cinco días en 2005
La gran distribución tarda menos en pagar a sus proveedores. Es lo que señala un estudio realizado por la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo entre las 22 principales empresas del comercio, que copan el 90% de las ventas totales del sector, según han informado medios del comercio.
El análisis, calificado por esos empresarios de "riguroso y pormenorizado", señala que el plazo medio de pago en el año 2005 bajó en 4,6 días, ya que pasó de 86,7 a 82,1 días.
Se demuestra así que el plazo medio de pago de la gran distribución se ha recortado en un 5% en sólo un año. El estudio s...
La gran distribución tarda menos en pagar a sus proveedores. Es lo que señala un estudio realizado por la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo entre las 22 principales empresas del comercio, que copan el 90% de las ventas totales del sector, según han informado medios del comercio.
El análisis, calificado por esos empresarios de "riguroso y pormenorizado", señala que el plazo medio de pago en el año 2005 bajó en 4,6 días, ya que pasó de 86,7 a 82,1 días.
Se demuestra así que el plazo medio de pago de la gran distribución se ha recortado en un 5% en sólo un año. El estudio se ha realizado con datos aportados por cada una de las empresas con datos de cierre de 2005. En la Secretaría de Estado de Comercio apuntan que cuando se conozcan los datos de 2006 de estas mismas empresas, los plazos de pago se acortarán aún más.
El objetivo de la Ley de Medidas contra la Morosidad aprobada en diciembre de 2004 era acortar los plazos de pago entre las empresas de distintos sectores privados, así como en la obra pública. En el caso del comercio de alimentación y bienes de gran consumo, la norma fue más allá y estableció de forma taxativa unos plazos de pagos máximos para cada tipo de producto.
Así, los límites para los productos frescos se fijó en un máximo de 30 días, mientras que para el resto de los productos de alimentación se dejó en 60 días, que se podrían ampliar a 90 siempre que esa diferencia se compense económicamente a los acreedores. Con ello, se pretende paliar la supuesta debilidad de la industria alimentaria frente a la distribución cuando actúa en el papel de acreedora.