Sobre la recusación
Que alguien me lo explique. A saber: para ser magistrado del Tribunal Constitucional, el candidato debe ser un jurista de reconocido prestigio con una carrera profesional de una duración de al menos 15 años. El prestigio de los juristas, al menos el de los juristas universitarios, se mide no sólo por su labor docente -que se valora poco, tristemente-, sino por su labor investigadora. Ésta viene avalada por trabajos de investigación, publicaciones, dictámenes, etcétera. ¿Esa tarea investigadora dilatada, solvente y acreditada incapacita, a posteriori, para ser magistrado del Tribunal Con...
Que alguien me lo explique. A saber: para ser magistrado del Tribunal Constitucional, el candidato debe ser un jurista de reconocido prestigio con una carrera profesional de una duración de al menos 15 años. El prestigio de los juristas, al menos el de los juristas universitarios, se mide no sólo por su labor docente -que se valora poco, tristemente-, sino por su labor investigadora. Ésta viene avalada por trabajos de investigación, publicaciones, dictámenes, etcétera. ¿Esa tarea investigadora dilatada, solvente y acreditada incapacita, a posteriori, para ser magistrado del Tribunal Constitucional? No lo entiendo. No tiene sentido.
Pero lo que de verdad me indigna es que todo el mundo dé por hecho que, no sólo el magistrado recusado, sino también los compañeros "recusadores", no van a aplicar la Constitución y la doctrina jurisprudencial asentada durante los más de veinte años de funcionamiento del Tribunal, y se van a dejar llevar por sus tendencias políticas "presuntas".
Como jurista, no entiendo lo primero; como jurista, me asusta y me desagrada muchísimo lo segundo.- Rosa M. Galán Sánchez. Profesora universitaria y jurista. Madrid.
¿De verdad se puede recusar a un señor por un informe hecho hace más de cuatro años, con otro Gobierno, cuando él no era magistrado, y cuando el Estatuto no era siquiera un borrador? Personalmente, tengo serias dudas. Pero me preocupa más el futuro institucional de este país. Si los magistrados del Constitucional funcionan también en bloque y defienden los intereses o convicciones de quienes los han propuesto, adiós a la imparcialidad de esta institución. Si el Partido Popular coge como norma intentar ganar en los tribunales lo que pierde en las votaciones, da pie a entrar en una peligrosa espiral donde lo que se pone en juego es la estabilidad de un modelo democrático, otorgándole al Poder Judicial otros poderes que no le corresponden.