El alcalde de la Todolella dice que ignoraba la fiesta en el albergue
Querol presta declaración ante el juez por el accidente con 18 víctimas
La declaración del alcalde de la Todolella, Alfredo Querol (PP), no apaciguó ayer los ánimos de los familiares de las 18 víctimas en el albergue al inhalar gas de una estufa industrial que sustituía a la calefacción estropeada del local. Ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Vinaròs, Querol dijo desconocer que aquel 6 de febrero de 2005 el albergue municipal de Sant Cristòfol iba a cobijar la fiesta que acabó en tragedia.
Durante el interrogatorio al que fue sometido, durante más de dos horas, el alcalde sostuvo que también desconocía que el establecimiento carecía de l...
La declaración del alcalde de la Todolella, Alfredo Querol (PP), no apaciguó ayer los ánimos de los familiares de las 18 víctimas en el albergue al inhalar gas de una estufa industrial que sustituía a la calefacción estropeada del local. Ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Vinaròs, Querol dijo desconocer que aquel 6 de febrero de 2005 el albergue municipal de Sant Cristòfol iba a cobijar la fiesta que acabó en tragedia.
Durante el interrogatorio al que fue sometido, durante más de dos horas, el alcalde sostuvo que también desconocía que el establecimiento carecía de los permisos necesarios para su funcionamiento, según declaró al finalizar la comparecencia el letrado de la Asociación de Familiares de Víctimas de La Todolella, Leopoldo Gay.
Por su parte, María Dolores Picó, otra de las abogadas de las familias, indicó que Alfredo Querol declaró que el albergue disponía de licencias de actividad y de apertura otorgadas en 2000, "y que, aunque fueron otorgadas a un arrendatario distinto a los que tenían el albergue cuando se produjo el suceso, él entiende que estas licencias eran suficientes". Los letrados también desvelaron que el alcalde manifestó al juez que aunque había solicitado la baja de la actividad a Turismo, dado que no había recibido contestación alguna, él consideró que permanecía vigente. En cuanto a la necesidad de inspecciones periódicas en el albergue, el alcalde aseguró que entendía que "no era necesario porque ya había dado el visto bueno Turismo en 2000 y cuando se solicitó la ampliación del establecimiento", tal como señaló Picó.
Ante el cariz de la declaración, los seis letrados presentes, dos de los cuales pertenecen a compañías de seguros, solicitaron al juez que se suspendiera la vista para que el alcalde declarara en otro momento y como imputado y no como testigo, tal como venían solicitando los familiares de las víctimas, y como garantía a su defensa procesal, tal como apoyaron los letrados de las aseguradoras. Sin embargo, ante la ausencia y pronunciamiento del fiscal, el juez no aceptó esta petición al considerar que no existen indicios de criminalidad.
Las afirmaciones del alcalde de La Todolella llevaron a los letrados de las familias de las víctimas a mostrarle sus declaraciones, recogidas por los medios de comunicación, el mismo día de la tragedia y las actas de las declaraciones de Pilar Trujillo y Diego Agud, los responsables del arrendamiento del albergue, que afirmaron que habían hablado con el alcalde tanto de la fiesta como de las estufas. Querol contestó que no era cierto.
Así, a la salida del juzgado, tanto Gay como Picó hablaron de las "contradicciones" en las que, a su juicio, había incurrido el alcalde por lo que Leopoldo Gay indicó que los representantes de los familiares pedirán que se celebre un careo entre el alcalde y los arrendatarios del local.
Dos años sin "responsables"
La portavoz de los familiares de las víctimas, Carmen Merchante, manifestó ayer en la puerta del juzgado de Vinaròs, donde se instruyen las diligencias tras el siniestro del albergue de la Todolella, que alguien "tiene que tener la responsabilidad de las 18 vidas". En apenas quince días se celebrará el segundo aniversario de la muerte de 18 de las 20 personas que aquel 6 de febrero pasaron la noche en el albergue de Sant Cristòfol, en el pequeño municipio de La Todolella. Durante este tiempo, se han instruido diligencias, se han repetido declaraciones, se ha aportado documentación. Nada aplaca el malestar de los familiares de la mayoría de las víctimas que insisten en buscar un culpable. Ayer, Merchante fue más lejos de lo que en otras ocasiones habían ido otros familiares y manifestó que ese culpable "tiene que ser el alcalde, que es quien regentaba el albergue". Mientras, el alcalde, Alfredo Querol, declaraba, en calidad de testigo, ante el juez a quien dijo que hacía 15 años que no había visto al anfitrión del evento, que celebraba su aniversario, a Bartolomé. El municipio estaba en fiestas y, según dijo, pese a que tiene algo menos de 150 habitantes, él no se enteró de que se iba a celebrar una reunión multitudinaria en el albergue municipal.
Los asistentes a la fiesta sabían que la calefacción del establecimiento no funcionaba. Las heladas registradas los días anteriores a aquel 6 de febrero habían hecho estallar las cañerías. Aún así, decidieron no suspender la celebración e instalar un sistema de calor que ellos mismos aportaron. Fue una estufa industrial que resultó mortal ya que la combustión del butano les produjo asfixia por inhalación de monóxido de carbono.
"Estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta, incluso al Supremo, para esclarecer las posibles responsabilidades por la muerte de estas personas", dijo ayer Carmen Merchante, casi dos años después de perder a su hija.
Los familiares de las víctimas acudieron ayer por la mañana a la entrada del Palacio de Justicia de Vinaròs con la intención de concentrarse a las puertas de la sala donde se toma declaración, pero los servicios de seguridad no lo permitieron, lo que motivó quejas sobre "falta de transparencia". "¿A quién están ocultando, a quién protegen y por qué?", dijo Merchante.