De la Torre quiere negociar con Aifos las construcciones en Gibralfaro
El Ayuntamiento de Málaga trata de negociar con el presidente de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, imputado por cohecho en la Operación Malaya, los derechos edificatorios que corresponden a ésta en una parcela recalificada en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el monte Gibralfaro, uno de los pulmones verdes de la ciudad.
En la revisión del PGOU, la parcela en cuestión, de más de 17.000 metros cuadrados, ha pasado de sistema general de áreas libres a suelo urbano no consolidado. Según el Ayuntamiento, esta medida, cuestionada por la oposición y el movimiento vecina...
El Ayuntamiento de Málaga trata de negociar con el presidente de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, imputado por cohecho en la Operación Malaya, los derechos edificatorios que corresponden a ésta en una parcela recalificada en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el monte Gibralfaro, uno de los pulmones verdes de la ciudad.
En la revisión del PGOU, la parcela en cuestión, de más de 17.000 metros cuadrados, ha pasado de sistema general de áreas libres a suelo urbano no consolidado. Según el Ayuntamiento, esta medida, cuestionada por la oposición y el movimiento vecinal, es "la mejor para el interés general de la ciudad" porque mantener la calificación obligaría a pagar compensaciones muy elevadas a la promotora. El PGOU otorga a la parcela un techo edificable de 2.201 metros cuadrados, en el que Aifos proyecta la construcción de 22 chalés. La promotora ha presentado una alegación contra el plan, porque lo que quiere es ser indemnizada y no que el suelo pase a urbano. Casero reconoció ayer que el derecho que correspondería a Aifos de mantener la zona como sistema general sería un techo edificable cuatro veces superior, más de 8.000 metros cuadrados, en una zona donde dijo que cada metro no se paga a menos de 2.800 euros. Casero reconoció que el Ayuntamiento tendría difícil ganar un posible recurso en los tribunales.
El presidente de Aifos, dueña de los dos hoteles Guadalpín de Marbella, está imputado junto a otros cuatro directivos de cohecho en la Operación Malaya. El juez estima que la promotora pudo pagar más de 4,5 millones de euros en comisiones a Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella.