Dos abogadas dicen que Roca y la Junta tenían "muy buena relación" en los 90

Las ex abogadas del Ayuntamiento de Marbella María Castañón y Raquel Escobar ratificaron ayer ante el juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de la ciudad, Miguel Ángel Sánchez, las "muy buenas relaciones existentes entre Roca, Gil, y algunos funcionarios de la Junta" entre 1993 y 1998. Ambas letradas declararon ante el magistrado por la concesión de licencias para cinco gasolineras en terrenos destinados a zonas verdes y equipamientos por parte del consistorio marbellí.

El ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca ya afirmó ante el juez el pasado noviembre que la Junta fu...

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Las ex abogadas del Ayuntamiento de Marbella María Castañón y Raquel Escobar ratificaron ayer ante el juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de la ciudad, Miguel Ángel Sánchez, las "muy buenas relaciones existentes entre Roca, Gil, y algunos funcionarios de la Junta" entre 1993 y 1998. Ambas letradas declararon ante el magistrado por la concesión de licencias para cinco gasolineras en terrenos destinados a zonas verdes y equipamientos por parte del consistorio marbellí.

El ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca ya afirmó ante el juez el pasado noviembre que la Junta fue conocedora "en todo momento" de dicha concesión, y que los ex delegados de Obras Públicas de la Junta entre 1992 y 1998, Carlos Morales y Vicente Seguí, "tenían perfecto conocimiento de todo". Roca detalló que los jefes de los servicios técnicos y jurídicos de la delegación de Obras Públicas "visitaban mensualmente" las oficinas de Planeamiento para realizar "el seguimiento de la revisión" de las adjudicaciones.

Tanto Castañón como Escobar negaron ayer haber participado en la concesión de estas licencias supuestamente irregulares, debido a que se incorporaron tras su aprobación, según aclaró la abogada de la acusación, Inmaculada Rosa. Escobar detalló que "la Consejería de Industria debió haber tramitado los informes preceptivos para las estaciones de servicio", cuya ubicación contraviene el Plan General vigente de 1986.

Ambas letradas añadieron que los ex concejales gilistas que aprobaron las licencias "eran conscientes de la posibles irregularidades" en las que incurrían.

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