El Consell quiere ahora limitar la figura del agente urbanizador

"Se acerca la hora de cerrar el grifo". El Consejero de Territorio, Esteban González Pons, desveló ayer así la intención del PP de limitar la figura del agente urbanizador, una fórmula que ha permitido la recalificación de millones de metros cuadrados a instancias de promotores que no eran propietarios del suelo. Después de decenas de denuncias de particulares y de asociaciones el consejero considera que ya ha llegado la hora de limitar la aplicación de un sistema del que el PP se ha vanagloriado y ha sido censurado por la Unión Europea.

El consejero defendió ayer esta figura, que calif...

"Se acerca la hora de cerrar el grifo". El Consejero de Territorio, Esteban González Pons, desveló ayer así la intención del PP de limitar la figura del agente urbanizador, una fórmula que ha permitido la recalificación de millones de metros cuadrados a instancias de promotores que no eran propietarios del suelo. Después de decenas de denuncias de particulares y de asociaciones el consejero considera que ya ha llegado la hora de limitar la aplicación de un sistema del que el PP se ha vanagloriado y ha sido censurado por la Unión Europea.

El consejero defendió ayer esta figura, que calificó de "atípica", por el momento en el que comenzó aplicarse, ante la "necesidad de liberalizar la posibilidad de construir" después de que durante demasiado tiempo había existido una especie de amortización del suelo en la Comunidad Valenciana "que impedía el desarrollo".

Esteban González Pons explicó que el cambio buscará que quien tenga la facultad de promover sea, "en primer lugar", el propietario y, en segundo lugar, la Administración. "Sólo cuando propietario y Administración no ejerzan esta facultad, si esa construcción está clara, habría que acudir a un tercer agente distinto", señaló. De esta manera indicó que "probablemente", la figura del agente urbanizador deba existir, pero debe ser una "figura subsidiaria". En cuanto a las recalificaciones, González Pons considera ahora que deberían ser las administraciones las que las plantearan y que "ningún particular pueda instar a las mismas, dado que los terrenos se reclasifican porque hay alguna necesidad". Según dijo, de esta manera, "se evitaría este régimen en el que los particulares instan y, a veces, los concejales o los alcaldes, según quien sea el particular, conceden o deniegan", en clara alusión a los casos de corrupción. El consejero sostuvo que "se ha construido, promovido y reclasificado mucho suelo durante los últimos años gracias a la figura del agente urbanizador" y argumentó su intención de limitar esta posibilidad porque "hay suelo suficiente para que se construya y se promueve todo lo que necesitamos en los próximos años".

En cualquier caso, el anuncio del máximo responsable de Territorio no tendrá ningún efecto inmediato ya que, tal como él mismo dijo, "en esta legislatura no tiene sentido empezar con cambios normativos o legislativos", ya que apenas quedan cuatro meses antes de las próximas elecciones autonómicas. Pese al cambio que supondría la puesta en práctica de la intención de González Pons, éste trató de defender que los cambios que propone no suponen un cambio radical en la política urbanística: "Supone la continuidad de la política desarrollada por el Gobierno del PP durante esta legislatura en otros términos", aseguró, aunque la reciente Ley Urbanística Valenciana mantiene el sistema del agente urbanizador a pesar de la censura de la Unión Europea.

El propio secretario de Territorio y Urbanismo del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, recordó ayer que González Pons ha reconocido que entre 2003 y 2006 Territorio ha reclasificado más de 50 millones de metros cuadrados al margen de los planes generales. Para Burriel, "sin el apoyo de la consejería, que es la que aprueba estos programas, ningún urbanizador hubiera podido incurrir en estos abusos que tanto preocupan a los ciudadanos y que han sido condenados por el Parlamento europeo". El responsable socialista aseguró que el PSPV criticó "la dejación" que ha hecho el Consell de sus funciones de ordenación del territorio, ya que "deliberadamente ha debilitado la función pública del urbanismo y se ha limitado a aprobar las reclasificaciones de suelo que interesan a unas pocas empresas pero que no responden a las necesidades de los ciudadanos".