La Junta se propone adelantar la liquidación de la deuda histórica que fija el Estatuto

Tras la celebración del referéndum de ratificación del Estatuto de autonomía, en torno al próximo 25 de febrero, el Ejecutivo andaluz solicitará la convocatoria de la comisión bilateral Junta-Estado para adelantar la liquidación de la deuda histórica, cuyo horizonte fija el propio Estatuto en 2010. Según informó el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, la idea es que la comisión empiece a trabajar en el mismo mes de marzo. También se abordará el traspaso de la cuenca del Guadalquivir, de forma que sea efectiva con fecha de uno de enero de 2008.

El nuevo Estatuto va a traer consig...

Tras la celebración del referéndum de ratificación del Estatuto de autonomía, en torno al próximo 25 de febrero, el Ejecutivo andaluz solicitará la convocatoria de la comisión bilateral Junta-Estado para adelantar la liquidación de la deuda histórica, cuyo horizonte fija el propio Estatuto en 2010. Según informó el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, la idea es que la comisión empiece a trabajar en el mismo mes de marzo. También se abordará el traspaso de la cuenca del Guadalquivir, de forma que sea efectiva con fecha de uno de enero de 2008.

El nuevo Estatuto va a traer consigo una intensa actividad legislativa y reformista. Junto a las leyes de Agua, Educación y RTVA -que el Ejecutivo autonómico pretende pactar con los partidos políticos antes de que lleguen al Parlamento-, la prioridad será desarrollar toda la vertiente social que establece el texto y los nuevos derechos. "Éstos serán los objetivos desde que se ratifique el Estatuto y se publique en el boletín oficial", dijo Gaspar Zarrías, quien agregó que se abrirá igualmente canales de solución a otros temas que colean desde hace años y en los que interviene el Gobierno central, como el pago de la llamada deuda histórica y el traspaso de las competencias del Guadalquivir.

El consejero de la Presidencia anunció que, tras el referéndum, la Junta va a solicitar la convocatoria de la comisión bilateral con el Estado, con la idea de que se pueda empezar a trabajar en el mismo mes de marzo. La deuda histórica es el sobrenombre épico de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto actual (1981), que establece que los Presupuestos Generales de cada año deberán ir consignando partidas excepcionales para garantizar la prestación de un "nivel mínimo" de los servicios transferidos a Andalucía (educación, sanidad y servicios sociales). En la época en la que se redactó el primer Estatuto el nivel estaba muy por debajo de la media española.

Durante la redacción de la reforma del Estatuto, la deuda histórica se ha situado como un elemento preferente. En la fase de tramitación en la Cámara autonómica, se acordó que la deuda histórica fuera cuantificada en un plazo de seis meses a partir de aprobar la reforma, y abonada al año siguiente. En la ponencia del Congreso de los Diputados se introdujo una enmienda que ampliaba el pago a cinco años. Una nueva vuelta de tuerca alteró los plazos cuando el texto se encontraba en la Comisión Constitucional del Congreso. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, logró arrancar del Ministerio de Economía de Hacienda el compromiso de saldar la deuda en tres años, es decir, no más allá de 2010. Así quedó, junto con la posibilidad de recibir anticipos a cuenta que luego se descontarán del monto global.

Guadalquivir en 2008

Según informó Zarrías, la intención del Gobierno de Manuel Chaves es la comisión bilateral Junta-Estado abra de inmediato las negociaciones y "adelantar los plazos que establece el Estatuto, que son tres años, lo máximo posible", dijo.

El segundo asunto que se abordará con el Gobierno central en la comisión es el traspaso de la parte de la cuenca del Guadalquivir que transcurre por Andalucía, como igualmente dice el futuro Estatuto. El consejero de Presidencia espera que las comisiones técnicas se reúnan de inmediato, de manera que, con fecha de uno de enero de 2008, las transferencias sean efectivas. El Ministerio de Medio Ambiente prevé modificar la normativa estatal y reformar las confederaciones hidrográficas en general.