Un juez imputa al alcalde de Algete un presunto delito de estafa

Cuatro ediles se fueron 15 días de vacaciones tras cobrarlos como no disfrutados

El regidor de Algete, Jesús Herrera (PSOE), se encuentra en un aprieto. El motivo es que el pasado 6 de octubre el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz admitió a trámite una querella interpuesta en 2004 por el PP de la localidad por un presunto delito de estafa. Junto a él, están imputados los concejales del PSOE Ignacio Pinero y Juana Llorente, así como el edil de IU Esperanza Martínez, los tres tenientes de alcaldía, según informó ayer El Mundo.

Tanto al regidor como a los ediles se les acusa de haber cobrado el dinero de 15 días de vacaciones -correspondientes...

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El regidor de Algete, Jesús Herrera (PSOE), se encuentra en un aprieto. El motivo es que el pasado 6 de octubre el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz admitió a trámite una querella interpuesta en 2004 por el PP de la localidad por un presunto delito de estafa. Junto a él, están imputados los concejales del PSOE Ignacio Pinero y Juana Llorente, así como el edil de IU Esperanza Martínez, los tres tenientes de alcaldía, según informó ayer El Mundo.

Tanto al regidor como a los ediles se les acusa de haber cobrado el dinero de 15 días de vacaciones -correspondientes a la primera mitad del año, de la anterior legislatura- y haber disfrutado luego de esos días entre el 26 de julio y el 31 de agosto, iniciado el siguiente mandato. Según la denuncia, el regidor cobró 1.321,75 euros y los ediles percibieron 933 euros cada uno.

"Se trata de un simple error achacable a una persona. Hasta que no nos llegó la citación del juzgado -el 20 de abril de 2005- por la denuncia del PP no supimos que habíamos cobrado ese dinero", se defiende el alcalde. Explica que después de hacer las comprobaciones pertinentes, se dio cuenta de que había más personas en su misma situación, aunque no supo decir cuantas. "El 20 de mayo todos devolvimos el dinero excepto Ignacio Pinero, que ese año no disfrutó de vacaciones", asegura. El 13 de junio de 2003, año electoral, "recibimos la liquidación. El día 30 de junio se nos volvió a dar de alta en la corporación", aclara el alcalde.

Ahora, el juez ha remitido a la fiscalía y a los abogados defensores el auto para informarles de que presenten los pertinentes escritos para esclarecer si hubo o no estafa. El regidor niega que el magistrado les haya imputado tal delito y entiende que simplemente se les informa para que defiendan sus posturas. El asunto está pendiente de apertura de juicio oral. Herrera resta importancia al asunto y aprovecha para arremeter contra los populares al asegurar que "el PP ha visto las orejas al lobo tras ocho años de nula oposición y no dar un palo al agua".

Aplicar el código ético

Por su parte, la portavoz del PP de la localidad, Inmaculada Juárez, pidió al secretario general del Partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas, y a su homónimo en el PSOE, José Blanco, que "apliquen el código ético del partido y expulsen inmediatamente al regidor, incluso antes de que haya sentencia".

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Por otro lado, el Consistorio anunció ayer que se emprenderán acciones legales contra aquellos que acusen a la Alcaldía de dar un trato de favor a la hija del edil de Urbanismo a la que se le adjudicó un dúplex.

"Hay una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de la Empresa Municipal de la Vivienda que está presidida por Juárez", señala. Herrera dice que en el Consejo de Administración "están representados todos los partidos políticos y las adjudicaciones de vivienda se hacen conforme a unos requisitos. Un número sustituye al nombre de las personas. No ha habido trato de favor", sentencia.

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