Portugal retrasa la jubilación y cambia el cálculo de las pensiones
La profunda reforma de la Administración Pública y de la Seguridad Social que emprendió el Gobierno socialista portugués a principios de año para tratar de reducir y racionalizar el gigantesco aparato estatal, por un lado, y garantizar el futuro de las pensiones avanzó el jueves con la aprobación de la nueva Ley de Bases de la Seguridad Social en el Parlamento. Con los únicos votos a favor de la mayoría socialista, la nueva ley atrasará de forma progresiva la edad de jubilación y modifica la manera de calcular las pensiones.
Los asalariados empezarán a jubilarse más tarde. A partir de 2...
La profunda reforma de la Administración Pública y de la Seguridad Social que emprendió el Gobierno socialista portugués a principios de año para tratar de reducir y racionalizar el gigantesco aparato estatal, por un lado, y garantizar el futuro de las pensiones avanzó el jueves con la aprobación de la nueva Ley de Bases de la Seguridad Social en el Parlamento. Con los únicos votos a favor de la mayoría socialista, la nueva ley atrasará de forma progresiva la edad de jubilación y modifica la manera de calcular las pensiones.
Los asalariados empezarán a jubilarse más tarde. A partir de 2008, habrá que tener 65 años y un mes; en 2009, la edad mínima será de 65 años, dos meses y 15 días, y así sucesivamente hasta 2017, cuando se requerirá tener 66 años para empezar a recibir una pensión del 100%. Hasta ahora, los trabajadores tenían derecho a cobrar la pensión a los 65 años si habían cotizado durante 40 de vida laboral.
Con la nueva ley, el montante de las pensiones se calculará con la media del salario de toda la vida profesional (y no de los mejores 10 años de los últimos 15 trabajados), y las pensiones se actualizarán cada año en función de una media de la inflación y del PIB, y no del salario mínimo. La pensión máxima se fijará de 4.630 euros al mes.
El primer ministro, José Sócrates, ha insistido en la necesidad urgente de reformar el sistema para garantizar su existencia más allá del año 2015. La ley tiene como base el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los agentes sociales, a excepción del sindicato mayoritario, el comunista CGTP.