La información del CNI permite interceptar a 7.314 inmigrantes irregulares y 148 cayucos

El servicio secreto español colabora con una docena de países africanos

La información facilitada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha permitido a las fuerzas de seguridad de varios países africanos interceptar en los últimos seis meses a 7.314 personas indocumentadas que pretendían entrar irregularmente en Canarias a bordo de 148 embarcaciones. Además, un total de 14 redes dedicadas al tráfico de inmigrantes han sido desarticuladas en Mauritania, Senegal y Marruecos gracias a datos suministrados por el servicio secreto español. Así lo reveló ayer el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, en un encuentro con periodistas.

Entre el 15 de mayo y ...

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La información facilitada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha permitido a las fuerzas de seguridad de varios países africanos interceptar en los últimos seis meses a 7.314 personas indocumentadas que pretendían entrar irregularmente en Canarias a bordo de 148 embarcaciones. Además, un total de 14 redes dedicadas al tráfico de inmigrantes han sido desarticuladas en Mauritania, Senegal y Marruecos gracias a datos suministrados por el servicio secreto español. Así lo reveló ayer el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, en un encuentro con periodistas.

Entre el 15 de mayo y el 15 de noviembre pasados, coincidiendo con la aplicación del denominado Plan África, el servicio secreto español ha abierto nuevas delegaciones en Malí, Nigeria y Suráfrica, además de duplicar los agentes destinados en Mauritania y triplicarlos en Senegal. También se han establecido o intensificado relaciones con los servicios homólogos de una docena de países africanos, casi todos los del Magreb y parte de los subsaharianos, considerados puntos de origen o tránsito de la inmigración irregular.

El secretario de Estado del CNI, Alberto Saiz, ha viajado al menos en tres ocasiones a la zona durante este año, con visitas a Mauritania, Senegal, Malí y Cabo Verde. Los acuerdos negociados, según fuentes de Defensa, afectan al intercambio de información, asistencia en el campo de la formación e incluso suministro de material de transporte, transmisiones o informático.

Con base en la información facilitada por el CNI, sólo en los últimos seis meses, las fuerzas de seguridad de dichos países han interceptado 148 embarcaciones, así como 7.314 inmigrantes indocumentados que iban a utilizarlas para viajar ilegalmente a Canarias.

Además, también con información del servicio secreto español, han sido desarticuladas en origen 14 redes dedicadas al trafico ilegal de personas. Once estaban asentadas en Mauritania, donde se han producido 45 detenciones; dos en Senegal, donde 10 traficantes han sido arrestados; y otras dos en Marruecos, con un número indeterminado de detenidos. También se han realizado detenciones en Argelia, Gambia y Guinea-Bissau, según Defensa.

La información del CNI habría permitido, igualmente, un mayor control de las concentraciones de inmigrantes en las inmediaciones de la frontera de Ceuta y Melilla y el conocimiento previo de algunos intentos de asalto a las vallas fronterizas, que han sido neutralizados.

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Respecto al despliegue de aviones militares españoles en Mauritania y Senegal, para vigilar las aguas entre la costa africana y Canarias, Alonso recordó que se trata de "países soberanos" y agregó que dicha medida sólo se adoptará si hay "un requerimiento formal y expreso" de sus autoridades.

El ministro concluyó que Defensa está "arrimando el hombro" en la lucha contra la inmigración irregular, pero vaticinó que se tardará años en resolverla.

"Lo más natural"

Alonso defendió ayer que el anteproyecto de ley de la Carrera Militar, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el viernes, otorgue la condición de "agentes de la autoridad, por supuesto civil", a los miembros de la futura Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la policía militar, naval y aérea. El ministro consideró "lo más natural" que estos militares puedan dar órdenes a los civiles cuando, en el desempeño de su trabajo, tengan que acordonar zonas afectadas o desalojar núcleos urbanos en caso de catástrofe. "No tiene que causar la más mínima extrañeza", insistió Alonso, quien recordó que bomberos o agentes forestales gozan de dicha atribución legal. Salía así al paso de las críticas de grupos políticos como Izquierda Unida, sindicatos policiales y asociaciones militares.

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