El PP propone al Congreso un apoyo a los trasvases contrario a dos estatutos que avala
Los populares de Aragón y Castilla-La Mancha defienden intereses distintos a los de la moción
El Partido Popular someterá a votación esta tarde en el Congreso de los Diputados una moción sobre la política de agua que entra en abierta contradicción con lo aprobado por este partido en los Estatutos de autonomía de Aragón y Castilla-La Mancha. En el segundo punto de esa propuesta defendida por los diputados populares se puede leer: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se incluyan los trasvases en la planificación hidrológica de España como medida complementaria, ante la insuficiencia del Programa AGUA".
Tanto el nuevo Estatuto de Aragón como el de Castilla-La Manch...
El Partido Popular someterá a votación esta tarde en el Congreso de los Diputados una moción sobre la política de agua que entra en abierta contradicción con lo aprobado por este partido en los Estatutos de autonomía de Aragón y Castilla-La Mancha. En el segundo punto de esa propuesta defendida por los diputados populares se puede leer: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se incluyan los trasvases en la planificación hidrológica de España como medida complementaria, ante la insuficiencia del Programa AGUA".
Tanto el nuevo Estatuto de Aragón como el de Castilla-La Mancha, comunidades donde el PP está en la oposición, dan por acabada esa política de trasvases. El Estatuto aragonés no los prohíbe expresamente, pero la reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos al año para esta comunidad que establece y la utilización "preferente" que marca, de aprobarse definitivamente en el Congreso, donde se encuentra actualmente esta reforma, harían inviable el trasvase del Ebro.
El nuevo estatuto castellano-manchego acaba expresamente con el principal trasvase de España, el Tajo-Segura, cuya fecha de defunción sitúa el texto, consensuado por socialistas y populares, en 2015.
La política del agua ha abierto una brecha dentro del PSOE y del Partido Popular. La semana pasada, dos diputados del PP aragonés, Santiago Lanzuela, ex presidente de la comunidad, y Ángel Pintado, se ausentaron cuando se votaba una enmienda de su partido a los Presupuestos Generales del Estado en la que se proponía reservar 300 millones de euros para recuperar el trasvase del Ebro.
Las complicaciones tienen un origen claramente electoral. El PP de Aragón no levanta cabeza desde que su partido promovió el trasvase del Ebro, y quiere alejarse a toda costa de esta política, sobre todo porque quedan pocos meses para los comicios autonómicos y municipales. Por eso, Gustavo Alcalde, líder de los populares en esa comunidad, rompió la disciplina de partido la pasada semana al señalar públicamente que la enmienda que recuperaba el trasvase "era inoportuna" y respaldó la actitud de Lanzuela y Pintado, informa Concha Montserrat. "El PP de Aragón está a favor de usar el agua en las zonas por donde pasa. Mientras no haya obras aquí, huelga hablar del uso de sobrantes", señaló Alcalde.
En Castilla-La Mancha sucede algo parecido. La candidata designada por el aparato central del partido, la ex consejera del Gobierno de la Comunidad de Madrid María Dolores de Cospedal, no puede permitirse el lujo, según fuentes de su entorno, de acudir a las próximas elecciones autonómicas en contra del PSOE con el estigma de defender el trasvase Tajo-Segura, que beneficia especialmente a Murcia y está muy mal visto en la comunidad castellano-manchega, que quiere el agua para hacer sus propios desarrollos urbanísticos.
Reunión con Rajoy
Estas posiciones de Gustavo Alcalde y María Dolores de Cospedal han abierto una brecha con sus compañeros en la Comunidad Valenciana y en Murcia, dos autonomías donde gobierna el PP desde hace años con amplias mayorías absolutas. El líder de este partido, Mariano Rajoy, reunió a los cuatro dirigentes la semana pasada y entre todos, Alcalde, Cospedal, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, pactaron un documento lo suficientemente ambiguo como para no desautorizar a ninguna de las posiciones.
El PP sabe, sin embargo, que los socialistas tienen el mismo problema en la llamada guerra del agua. Por eso, fuentes de la máxima dirección confían en que sea el propio PSOE quien lo resuelva. Para ello, la solución parece pasar por un pacto de no agresión que consistiría en que las reformas de los Estatutos de autonomía aragonés y castellano-manchego se dejen dormir en el Congreso hasta que pasen las elecciones autonómicas. El PP confía en que ese pacto sea factible, aunque aún no se ha cerrado.
A pesar de este evidente choque de intereses, el PP anunció anoche que la moción la defenderán conjuntamente la valenciana María Angels Ramon-Llin y el aragonés Lanzuela como muestra de la unidad de este partido y para buscar divergencias en el PSOE.