El enfrentamiento entre norte y sur de Europa impide un acuerdo para reducir la jornada laboral en la UE
El sur apretó y el norte triunfó. Las ambiciones de cinco países del sur de Europa -España, Francia, Italia, Chipre y Grecia- impidieron el martes un acuerdo de los Veinticinco para reducir el máximo de horas que los europeos pueden trabajar. Se trataba de hacer entrar por el aro a los británicos, alérgicos a cualquier limitación en materia laboral que venga de fuera y que no se atienen a la regla que fija en la Unión Europea un tope de 48 horas semanales.
Pero las posiciones maximalistas de los sureños, que en nombre del modelo social europeo exigen a Reino Unido una fecha para que pon...
El sur apretó y el norte triunfó. Las ambiciones de cinco países del sur de Europa -España, Francia, Italia, Chipre y Grecia- impidieron el martes un acuerdo de los Veinticinco para reducir el máximo de horas que los europeos pueden trabajar. Se trataba de hacer entrar por el aro a los británicos, alérgicos a cualquier limitación en materia laboral que venga de fuera y que no se atienen a la regla que fija en la Unión Europea un tope de 48 horas semanales.
Pero las posiciones maximalistas de los sureños, que en nombre del modelo social europeo exigen a Reino Unido una fecha para que ponga fin a sus extendidas jornadas laborales, bloquearon la reunión de ministros de Trabajo de la UE, que se fueron a casa como habían venido: sin acuerdo e inmersos en un limbo legal que de hecho permite a Londres y a los Estados miembros que lo soliciten alargar la semana de trabajo hasta las 78 horas.
Reino Unido, Estonia y Malta se acogen desde 1993 a una excepción que les permite sobrepasar las 48 horas semanales que fija la legislación europea para sus trabajadores. Los británicos trabajan hasta 78 horas a la semana gracias a esta excepción, conocida como opt-out, elemento esencial, según el Gobierno de Downing Street, para mantener una economía competitiva.
En el otro extremo se sitúan los países del sur de Europa, que, liderados por Francia, pretenden eliminar el opt-out, que consideran contrario al modelo social europeo y perjudicial para la salud de los trabajadores.
La ley de 1993 concedía a Londres y al resto de Estados 10 años para acabar con el opt-out, pero desde que se cumplió el plazo hace dos años y medio, los europeos han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre un nuevo texto que se aplique a todos los Estados sin excepciones.
Finlandia, el país que preside este semestre la UE, puso el martes sobre la mesa una propuesta que establecía un tope de 60 horas, pero que no fijaba una fecha para poner fin al opt-out.
La Comisión Europea se adhirió a esta iniciativa, que sin embargo se dio de bruces con las posiciones de los países del sur. "Es mejor mantenerse fiel a los principios que aceptar una mala posición", consideró el ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, en Bruselas.
Hasta 78 horas semanales
Pero para el Ejecutivo comunitario, la falta de acuerdo deja la puerta abierta a la jornada de hasta 78 horas semanales y sigue sin haber fecha para poner fin a la excepción británica.
La situación se ha agravado, además, después de que varias sentencias del Tribunal Europeo de Justicia establecieran el derecho de los trabajadores sanitarios a que se les compute como tiempo de trabajo las horas que permanecen en el hospital de guardia, aunque estén durmiendo. Según la Comisión Europea, hasta 23 países de la UE -todos menos Italia y Luxemburgo- incumplen esta jurisprudencia, que se aplicaría también a otros servicios de emergencia como bomberos y policías.
Son muchos los países europeos a los que les urge el acuerdo sobre un nuevo texto que modifique el cómputo de estas guardias ya que aplicar la legislación europea actual a rajatabla les costaría cientos de millones de euros. En el caso de los trabajadores sanitarios, España sí considera tiempo de trabajo el que se permanece en el centro; otros sectores, sin embargo, sí podrían plantear problemas.
Visiblemente frustrado tras el fracaso de las negociaciones, el comisario europeo de Empleo, Vladímir Spidla, amenazó el martes pasado durante la reunión con poner en marcha procedimientos de infracción contra los 23 países que no se atienen a la ley aún vigente.