Oropesa quiere adjudicar a Marina d'Or parcelas dotacionales públicas
Un total de 44.960 metros cuadrados de suelo dotacional público de Oropesa irán a parar, para su explotación, a manos privadas. Sobre ellos se construirán un mercado, un parque de aventura, recreativos o un minigolf, usos bastante alejados del concepto general que se debe atribuir a un terreno calificado como dotacional público, aunque sea deportivo. Además, una de las cinco parcelas ya está ocupada, desde hace cerca de cinco años, por unas pistas de tenis que el grupo Marina d'Or construyó de forma ilegal y que ha estado explotando durante este tiempo. Es decir, ha cobrado por el alquiler par...
Un total de 44.960 metros cuadrados de suelo dotacional público de Oropesa irán a parar, para su explotación, a manos privadas. Sobre ellos se construirán un mercado, un parque de aventura, recreativos o un minigolf, usos bastante alejados del concepto general que se debe atribuir a un terreno calificado como dotacional público, aunque sea deportivo. Además, una de las cinco parcelas ya está ocupada, desde hace cerca de cinco años, por unas pistas de tenis que el grupo Marina d'Or construyó de forma ilegal y que ha estado explotando durante este tiempo. Es decir, ha cobrado por el alquiler para uso de las mismas, pero no ha pagado nada al Ayuntamiento, propietario del terreno sobre el que se levantan. Ahora, el equipo de gobierno pretende "legalizar" esta ocupación y, por segunda vez, debatirá el tema hasta llevar a pleno, el próximo lunes, el estudio de viabilidad presentado por el propio grupo empresarial. El expediente sólo ha variado en una cosa desde que, a finales de agosto, el PP ya tratara de aprobarlo. Ahora, los informes técnicos admiten que las pistas ya están construidas mientras que una de las justificaciones de la empresa para que se le concediera el uso de la parcela fue que el proyecto contribuiría a generar "un importante número de puestos de trabajo relacionados con el sector de la construcción".
Se trata de espacios en el área de desarrollo del complejo vacacional
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat, admitió que el consistorio no ha cobrado ni un céntimo durante los cinco años de explotación y que su propio equipo podría haber convocado antes un concurso para legalizar la situación con una concesión administrativa a través de la cual, al menos, el Ayuntamiento cobrará. La votación contará con la negativa del concejal del Bloc, Josep Lluís Romero, que señaló que sobre cualquier argumento está la ley y que "ocupar suelo público es delito".
Para otras dos de las cinco parcelas de suelo dotacional público, el Ayuntamiento de Oropesa ya aprobó los estudios de viabilidad para la construcción de un mercado y un pequeño parque de atracciones, sobre dos solares calificados como dotacional deportivo. El lunes se aprobarán los contratos de concesión para libre concurrencia, aunque la propuesta salió, en los dos casos, del grupo Marina d'Or ya que se trata de espacios en el área de desarrollo del complejo vacacional. La aprobación de estos estudios de viabilidad son el primer paso para que el suelo se destine a los usos propuestos por la constructora, tal como admitió el edil del PP Juan Manuel Miralles, quien afirmó: "Queremos hacer un mercado en un dotacional".
Sin embargo, además de la libre interpretación del uso al que se debe destinar un suelo dotacional público, tampoco en el caso del mercado el Ayuntamiento de Oropesa se embolsará grandes cantidades de dinero en concepto del canon que cobrará por ceder su uso. De hecho, el contrato condiciona la cantidad que percibirá el Ayuntamiento por la cesión del suelo al número de empresas que se presenten al concurso y, sin embargo, no fija ningún criterio para las bajas temerarias por el coste de la obra. Así, si sólo se presenta una empresa, el Ayuntamiento puede cobrar hasta 72.000 euros, mientras que si se presentan más, el Ayuntamiento descartará aquella que sea superior en tres veces a la oferta de menor cuantía.
Josep Lluis Romero ya ha manifestado su intención de votar en contra de estas cesiones de suelo que, en algunos casos, son de 40 años. Según sostiene, la aprobación de estas concesiones será el prólogo de otras cesiones que, posteriormente, el mismo grupo reclamará con la presentación de proyectos ajenos a los usos que se les otorga a los suelos dotacionales públicos.