El Parlamento llevará a las Cortes una iniciativa para derogar la incomunicación
Socialistas y populares se oponen a una propuesta que "desarma al Estado de Derecho"
El Parlamento llevará a las Cortes una iniciativa legislativa para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y eliminar de ella la incomunicación de los detenidos, además de permitir las grabaciones en dependencias policiales. La propuesta, aprobada ayer en la Comisión de Interior, quedó lista para ser debatida en pleno, donde tiene garantizada la aprobación al contar con el apoyo del tripartito, EHAK y Aralar, su proponente original. Socialistas y populares se opusieron en el debate de ayer y mantendrán la misma posición en el pleno. La iniciativa ha sido trabajada en una ponencia que elevó...
El Parlamento llevará a las Cortes una iniciativa legislativa para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y eliminar de ella la incomunicación de los detenidos, además de permitir las grabaciones en dependencias policiales. La propuesta, aprobada ayer en la Comisión de Interior, quedó lista para ser debatida en pleno, donde tiene garantizada la aprobación al contar con el apoyo del tripartito, EHAK y Aralar, su proponente original. Socialistas y populares se opusieron en el debate de ayer y mantendrán la misma posición en el pleno. La iniciativa ha sido trabajada en una ponencia que elevó su dictamen conteniendo la modificación de los artículos 520 y 527 de la citada ley.
El dictamen consta de dos únicos artículos. El primero plantea añadir un nuevo párrafo al artículo 520 de la ley, de forma que las autoridades responsables de la custodia de cualquier detenido realizarán las grabaciones en los locales de detención, de manera que se compatibilice la garantía de sus derechos fundamentales e intimidad y la seguridad de los funcionarios que intervengan. El segundo artículo de la iniciativa que se tramitará ante el Congreso deroga los puntos 520 bis y 527 de la misma norma. El resultado de estas modificaciones sería el fin de los regímenes de incomunicación para detenidos acusados de terrorismo y la instalación de cámaras de vídeo en todos los centros de detención españoles.
La exposición de motivos del texto aduce que Amnistía Internacional sigue citando en sus informes la existencia de casos de tortura en España. También se menciona la alarma social que, a juicio de los impulsores de la iniciativa, existe porque "la creencia que han producido en la opinión pública las denuncias que se interponen continuamente y las significativas sentencias condenatorias (...) es que el de la tortura es un problema bastante extendido".
La iniciativa defiende las grabaciones de la estancia en los centros de detención como una garantía, tanto para el detenido como para los agentes, que podrían, afirma, "defender mejor sus actuaciones".
Relator de la ONU
Para justificar la necesidad de eliminar la incomunicación, los grupos que respaldaron la iniciativa (PNV, EA, EB, EHAK y Aralar), mencionan el informe del relator especial de la ONU, Theo Van Booven, que concluye que la tortura se practica con mayor frecuencia en circunstancias de incomunicación. "El modo más eficaz para avanzar hacia la erradicación de la tortura consiste en eliminar los espacios y tiempos opacos", es decir, "aquellos en los que se debilitan las garantías de la persona detenida", así como en "reforzar los mecanismos de control de las actuaciones policiales", reza el texto de la proposición. En suma, suprimir el régimen de incomunicación que permite la legislación antiterrorista y permitir la grabación íntegra de la estancia en dependencias policiales, traslados,...
La portavoz del PNV en el debate, Elixabete Piñol, defendió que la eficacia policial no se vería mermada por estas modificaciones y afirmó que el mantenimiento de la legislación antiterrorista resulta "muy poco compatible con los compromisos internacionales que asume el Estado". Tanto el PSE como el PP votaron en contra. El socialista Rodolfo Ares señaló que la legislación antiterrrorista refuerza el Estado de Derecho y no puede derogarse cuando aún "falta mucho" para el fin de ETA. El popular Carlos Urquijo defendió la incomunicación como medida necesaria para ganar tiempo tras una detención e impedir que desaparezcan "personas o documentos" clave para la investigación.