La Armada propone echar a los implicados en un vídeo sexual
Alonso debe decidir en breve si expulsa a una marinera y dos marineros
El Consejo Superior de la Armada, que reúne a todos los almirantes en activo, ha pedido la máxima sanción para la marinera y los dos marineros profesionales implicados en un vídeo sexual rodado a bordo del petrolero Marqués de la Ensenada y difundido por Internet en mayo pasado. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, debe decidir antes de un mes si expulsa a los tres de las Fuerzas Armadas.
La existencia del vídeo, grabado en noviembre de 2005, al regreso de unas maniobras, trascendió en mayo pasado, después de que la marinera, que aparece en las imágenes junto a otro compa...
El Consejo Superior de la Armada, que reúne a todos los almirantes en activo, ha pedido la máxima sanción para la marinera y los dos marineros profesionales implicados en un vídeo sexual rodado a bordo del petrolero Marqués de la Ensenada y difundido por Internet en mayo pasado. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, debe decidir antes de un mes si expulsa a los tres de las Fuerzas Armadas.
La existencia del vídeo, grabado en noviembre de 2005, al regreso de unas maniobras, trascendió en mayo pasado, después de que la marinera, que aparece en las imágenes junto a otro compañero, denunciara a un tercero, quien las habría distribuido sin su consentimiento a través de un programa de intercambio de archivos en Internet.
La Armada decidió la suspensión cautelar de los tres y la apertura de un expediente gubernativo por "realizar actos gravemente contrarios a la disciplina, servicio o dignidad militar, que no constituyan delito". Como consecuencia del mismo, el Consejo Superior de la Armada ha propuesto la máxima sanción posible: la separación del servicio.
Dicha separación supone "quedar fuera de los ejércitos, sin poder volver ingresar en ellos voluntariamente y perder los derechos militares adquiridos", excepto el grado militar y los derechos pasivos.
La competencia para aplicar esta sanción disciplinaria, la más dura prevista por la ley, corresponde al ministro de Defensa, José Antonio Alonso, quien deberá decidir antes de que se cumplan seis meses de la apertura del expediente, a finales de noviembre.
Las fuentes consultadas admiten que la conducta del marinero que difundió las imágenes fue más grave que la de la marinera, pero aseguran que la legislación militar no permite hacer diferencias y aplica el mismo rasero a los tres.