La Audiencia juzga a 19 imputados por el fraude masivo de las subvenciones al lino
Las defensas esgrimen la falta de competencia del tribunal porque la estafa "no fue generalizada"
El fraude masivo en el cobro de subvenciones por el cultivo del lino en España, por el que la UE reclamó la devolución de 134 millones de euros, tiene 19 supuestos culpables, entre ellos el ex alto cargo del Gobierno del PP Nicolás López de Coca. La Audiencia comenzó ayer, siete años después de ocurridos los hechos, un juicio en el que las defensas de los acusados argumentaron que el tribunal carecía de competencia para juzgar el caso al no tratarse de un fraude generalizado. El abogado de López de Coca pidió que se declare nula la prueba de una conversación telefónica de su defendido.
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El fraude masivo en el cobro de subvenciones por el cultivo del lino en España, por el que la UE reclamó la devolución de 134 millones de euros, tiene 19 supuestos culpables, entre ellos el ex alto cargo del Gobierno del PP Nicolás López de Coca. La Audiencia comenzó ayer, siete años después de ocurridos los hechos, un juicio en el que las defensas de los acusados argumentaron que el tribunal carecía de competencia para juzgar el caso al no tratarse de un fraude generalizado. El abogado de López de Coca pidió que se declare nula la prueba de una conversación telefónica de su defendido.
La fiebre del lino alcanzó a España en 1998-1999. Al calor de las subvenciones europeas, los campos españoles se llenaron de un cultivo que hasta 1992 era inexistente. Entre 1998 y 2000 llegaron a plantarse 91.400 hectáreas de lino, cuya producción fue subvencionada sin que las autoridades controlasen adecuadamente que los pagos de fondos europeos se correspondieran con lo cultivado.
En el fragor de la tramitación de esas subvenciones, la Unión Europea, a través de su Oficina contra el Fraude, descubrió que las autoridades españolas no ejercían el control debido sobre las subvenciones que se otorgaban. Los cazasubvenciones se enriquecieron así como consecuencia de una actividad anómala, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
La Comisión Europea concluyó el pasado año que en España se habían producido graves deficiencias en el sistema de control y un fraude generalizado en el cobro de las subvenciones por el cultivo del lino.
La investigación en España destapó que durante el primer mandato del Gobierno del PP, el ex director general del Fondo de Garantía Agraria Nicolás López de Coca habría podido incurrir en un delito de tráfico de influencias dirigido a favorecer a sus propios familiares en las subvenciones por el cultivo del lino.
El abogado de López de Coca solicitó ayer la nulidad de las actuaciones sobre unas llamadas telefónicas intervenidas al ex director general, donde hablaba con el entonces consejero de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso.
El abogado López de Coca mantiene que en la única declaración de su cliente que consta en el sumario del caso no se le preguntó sobre esas intervenciones de sus comunicaciones telefónicas por las que ahora se le imputa un delito de tráfico de influencias.
La Fiscalía acusa a López de Coca de presionar al Gobierno de Castilla-La Mancha para que modificará una orden autonómica que excluía a sus hijos y a otros familiares de la obtención de ayudas europeas. El fiscal pide para López de Coca una pena de un año de prisión y una multa de 144.242 euros.
Los abogados del resto de los imputados, 18 agricultores o transformadores del lino, para los que el fiscal pide penas de entre siete meses y tres años de cárcel, que supuestamente se enriquecieron cobrando subvenciones comunitarias que no les correspondían, intentaron en sus alegatos defender la falta de competencia de la Audiencia Nacional para instruir este caso.
Los letrados entienden que no existió "defraudación continuada planificada para el conjunto de los acusados, que nunca se organizaron para defraudar las subvenciones europeas para la transformación del lino".
Los agricultores y transformadores del lino están acusados de falsedad en documento oficial -respecto a las cantidades de lino cultivadas o tratadas- y fraude en las subvenciones.
El fiscal anticorrupción, Juan Pavía, defendió ayer la competencia de la Audiencia Nacional en el caso porque aunque la cuantía de la supuesta estafa sólo fue de tres millones de euros, la UE sancionó a España con la pérdida de 134 millones en ayudas agrícolas.
Pavía recordó que este proceso no se inició por iniciativa del ministerio público, sino por la denuncia de la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, y que fue ella la que planteó que el caso "debía verlo" la Audiencia Nacional, señalándola como competente, informa Efe.
Además, el fiscal indicó que "había una defraudación generalizada" que era "la imagen de lo que podía estar fraguándose". La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre siete meses y tres años de prisión para los 19 imputados en la causa que instruyó el juez Baltasar Garzón.
El fiscal aseguró que López de Coca sí fue interrogado sobre las conversaciones con el consejero de Castilla-La Mancha y que "ya tuvo ocasión de defenderse". Además, Pavía aseguró que el delito que se deriva de esas llamadas no ha prescrito porque se realizaron en enero de 1999 y la acusación contra López de Coca se planteó en 2002.