Los fiscales demandan una legislación específica para perseguir la criminalidad informática
Internet ha cambiado la forma de trabajar, de relacionarse y hasta de comprar. Pero también ha generado nuevas formas de delinquir para las que, según los expertos, no hay aún una regulación precisa. El teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Juan José Martín-Casallo, y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, coincidieron ayer en demandar una legislación específica en materia de criminalidad informática que acabe con la actual "imprecisión".
Según Martín-Casallo, tal vacío legal se da tanto en la legislación española como en la eur...
Internet ha cambiado la forma de trabajar, de relacionarse y hasta de comprar. Pero también ha generado nuevas formas de delinquir para las que, según los expertos, no hay aún una regulación precisa. El teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Juan José Martín-Casallo, y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, coincidieron ayer en demandar una legislación específica en materia de criminalidad informática que acabe con la actual "imprecisión".
Según Martín-Casallo, tal vacío legal se da tanto en la legislación española como en la europea, por lo que "es necesario definir de forma exacta qué es delito, qué no lo es, quiénes son los autores y cómo enjuiciarlos". El teniente fiscal del TS hizo estas declaraciones ayer en Granada antes de clausurar las jornadas de Especialización en materia de criminalidad informática: ciberdelitos y ciberterrorismo, que han congregado a 70 expertos entre juristas y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Martín-Casallo expresó su deseo de que jornadas como éstas supongan "una llamada de atención" a las autoridades competentes para legislar sobre este asunto.
El fiscal jefe del TSJA coincidió con el teniente fiscal del Supremo en pedir unos instrumentos jurídicos propios para abordar los delitos cometidos a través de Internet. "La gran pregunta es si la informática produce una nueva sociedad que necesite de unos instrumentos jurídicos propios, una sociedad que requiera un nuevo ámbito penal. Mi opinión es que la magnitud de esta nueva forma de comunicación requiere un nuevo análisis que no puede ser contestado con los instrumentos jurídicos actuales", señaló García Calderón.
"Actualmente utilizamos la Ley de Enjuiciamiento Procesal de 1881 para temas como el ciberdelito, por lo que el abismo temporal resulta complejo de salvar", advirtió el fiscal jefe, para quien el desarrollo de un nuevo Código Procesal Penal supone "una buena oportunidad" para introducir estos nuevos instrumentos jurídicos.
El fiscal jefe del TSJA llamó también la atención sobre que, en las actuaciones contra la criminalidad informática hay que tener especial cuidado para conjugar la eficacia policial con el respeto a los derechos fundamentales. "Hay que ser eficaces, pero también hay que preservar la intimidad", afirmó García Calderón. La especialización y "una intensa relación" entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ministerio Fiscal ayudarán también, según el fiscal, a perseguir estos delitos.
No obstante, García Calderón apuntó que la incidencia de la criminalidad informática es aún "escasa" en Andalucía, una circunstancia que atribuyó, sobre todo, a la "impunidad" que sigue existiendo sobre esta materia.