El desvío de una riera en Salou beneficiará a la familia del alcalde
CiU, en el equipo de gobierno, exige el cese del concejal de Urbanismo, que es hijo del alcalde
El proyecto para desviar una riera que periódicamente causa inundaciones en Salou (Tarragona) conllevará el enriquecimiento de la familia del alcalde, el independiente Esteve Ferran Ribera. Así lo denunciaron ayer los afectados por el desvío, que afirman que el proyecto, más que por la necesidad de evitar inundaciones, está marcado por los intereses de la familia del regidor, ya que un primo suyo y el hijo de éste han comprado decenas de fincas en la zona, que dejará de ser inundable y sufrirá, por tanto, una fuerte revalorización en el municipio turístico más importante de Tarragona.
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El proyecto para desviar una riera que periódicamente causa inundaciones en Salou (Tarragona) conllevará el enriquecimiento de la familia del alcalde, el independiente Esteve Ferran Ribera. Así lo denunciaron ayer los afectados por el desvío, que afirman que el proyecto, más que por la necesidad de evitar inundaciones, está marcado por los intereses de la familia del regidor, ya que un primo suyo y el hijo de éste han comprado decenas de fincas en la zona, que dejará de ser inundable y sufrirá, por tanto, una fuerte revalorización en el municipio turístico más importante de Tarragona.
El primo del alcalde, Esteve Blasi Ferran, y el hijo de éste, Javier Blasi, administran las sociedades Mas Clariana y Blagater, propietarias mayoritarias del nuevo sector urbanizable. En 2004 poseían 32 de las 118 fincas de las que consta la zona, cifra que aumentó hasta más de 60 a final de 2005. La zona estaba calificada como rústica, pero el planeamiento aprobado en 2003 destina el área, entre otras actividades, a albergar un "nuevo modelo turístico resort". Así describió el sector la Comisión de Urbanismo de Tarragona, dependiente de la dirección de Urbanismo de la Generalitat de Cataluña, en mayo de 2003, cuando autorizó el nuevo plan de ordenación urbana de Salou.
El consistorio ha explicado en repetidas ocasiones que la mejor opción para evitar las periódicas inundaciones que padece Salou es canalizar el barranco de Barenys y suprimir el cauce actual. El desvío de la riera comporta el nacimiento de un nuevo sector urbanizable junto al trazado del barranco, que históricamente había sido rústico y está situado en una zona de expansión natural del pueblo. Pero la construcción de una nueva desembocadura para la riera conlleva, además, la expropiación de tres chalés y 16 pisos situados en primera y segunda línea de mar, a lo que se oponen los afectados.
Pese a que Mas Clariana y Blagater fueron adquiriendo fincas desde los años setenta, existen fincas inscritas en el registro de la propiedad como rústicas durante la redacción y tramitación del nuevo plan urbano. Ahora son urbanizables y los vecinos aseguran que buena parte de las propiedades pasaron a manos de la familia del alcalde durante la tramitación del citado plan. En la actualidad, el plan parcial que debe desarrollar el sector está pendiente de aprobación, y los familiares del alcalde en proceso de unificar en el registro de la propiedad sus fincas.
La aprobación del plan de ordenación de Salou y la consiguiente recalificación de los terrenos se ha producido siendo concejal de Urbanismo Esteve Ferran Gombau, hijo del alcalde. Ferran Gombau, además, compró una finca en la zona por 30.000 euros en 2000 y la vendió en 2004, con el terreno ya recalificado, por 506.000 euros.
Ayer el grupo municipal de CiU, socio de la formación independiente que gobierna en Salou desde 1991, exigió al alcalde Esteve Ferran Ribera que retire la cartera de Urbanismo a su hijo, Esteve Ferran Gombau. Los convergentes exigen el cese del concejal hasta que "queden claras las responsabilidades de su gestión al frente del área de Urbanismo".
La Fiscalía de Tarragona investiga la gestión municipal tras la denuncia la semana pasada de una polémica concesión para construir un geriátrico en suelo municipal. El consistorio autorizó la operación a una empresa en la que, entre otros, figura como socia la esposa del secretario municipal, y aumentó la edificabilidad de los 9.000 a los 20.000 metros cuadrados, permitiendo la construcción de 77 apartamentos tutelados. La concesionaria pagará 9.000 euros anuales, una cantidad muy inferior a la del mercado.
El interventor municipal, Juan Manuel Hernández, puso objeciones a esta recalificación y el consistorio le ha contestado proponiéndole para una suspensión de empleo de 21 meses.