Mas ratifica que CiU sólo apoyará al PSOE si le permite gobernar en Cataluña
Los socialistas no cuentan con los nacionalistas para aprobar los presupuestos de 2007
El candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, ratificó ayer la advertencia formulada por el número dos de la federación, Josep Antoni Duran, al PSOE: CiU no apoyará al Gobierno de Zapatero en el Congreso si se reedita el tripartito de izquierdas en Cataluña. Sin embargo, la advertencia no modificará las previsiones de los socialistas. El PSOE iniciará el lunes la negociación con todos los grupos parlamentarios sobre los presupuestos generales de 2007, que prevé aprobar con el apoyo de la misma mayoría que invistió a Zapatero como presidente: los socialistas más Izqu...
El candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, ratificó ayer la advertencia formulada por el número dos de la federación, Josep Antoni Duran, al PSOE: CiU no apoyará al Gobierno de Zapatero en el Congreso si se reedita el tripartito de izquierdas en Cataluña. Sin embargo, la advertencia no modificará las previsiones de los socialistas. El PSOE iniciará el lunes la negociación con todos los grupos parlamentarios sobre los presupuestos generales de 2007, que prevé aprobar con el apoyo de la misma mayoría que invistió a Zapatero como presidente: los socialistas más Izquierda Unida-ICV, ERC y Coalición Canaria, a la que confía en sumar al Bloque Nacionalista Galego.
La eventualidad de un cambio de alianzas en el Congreso de los Diputados para facilitar un acuerdo entre el PSC y CiU tras las elecciones catalanas del 1 de noviembre no figura en los planes del Gobierno y del grupo Socialista en el Congreso.
Duran afirmó el domingo que CiU apoyaría en el Congreso al Gobierno del PSOE a cambio de que los socialistas renuncien a reeditar un Gobierno de izquierdas en Cataluña.
Esta posición de CiU conecta con los temores expresados la semana pasada por el propio presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, quien teme que el PSOE pueda "sacrificar" los intereses del PSC en Cataluña en función de un eventual cambio de mayorías en el Congreso.
Los dirigentes de CiU pretenden que el PSOE presione al PSC para que los socialistas catalanes renuncien a que José Montilla sea presidente de la Generalitat si obtiene menos diputados que Artur Mas, aunque como sucedió en las elecciones de 2003, haya una mayoría de izquierdas en el Parlamento catalán.
El propio Artur Mas insistió ayer, en una entrevista radiofónica, en que el presidente de la Generalitat debe surgir del grupo parlamentario con más diputados y ratificó la advertencia lanzada por Duran a Zapatero: No habrá apoyo al Gobierno del PSOE si se reedita el tripartito de izquierdas. El sistema electoral catalán, que prima la representación de las provincias de Lleida y Girona sobre la de Barcelona, mucho más poblada, ha hecho que en las dos últimas elecciones el partido más votado, el PSC, haya obtenido menos diputados que CiU.
Los socialistas prevén que la negociación de los presupuestos del Estado para 2007 puede ser quizá más complicada que en el ejercicio anterior, porque el periodo electoral en que ha entrado Cataluña condicionará la posición de ERC, uno de los partidos que ha formado el bloque de apoyo al Gobierno en esta legislatura.
Pero de esto a sustituir a ERC por CiU en la mayoría que apoya a Zapatero media un paso que los socialistas no pretenden dar, según aseguró ayer la secretaria general adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Teresa Cunillera. Los socialistas no se cierran en absoluto a llegar a acuerdos con CiU, señaló Cunillera, pero hasta ahora han sido los nacionalistas catalanes los que se han mantenido por su propia voluntad en la oposición al Gobierno de Zapatero, a cuya investidura se opusieron.
El portavoz de IU-ICV en el Congreso, Joan Herrera, adelantó ayer su predisposición a votar los presupuestos de 2007 "si son positivos social y ecológicamente" y adelantó algunas de las propuestas que pretende introducir en ellos. Destacó la inclusión de una partida de 480 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia y de otra de 670 millones para políticas relacionadas con la inmigración.
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