El Gobierno critica que se pretenda ligar el derecho al voto y el conocimiento del idioma
El PSOE reprocha a CiU que no haya reclamado que los comunitarios que votan sepan catalán
El Gobierno y el PSOE rechazan que las comunidades autónomas puedan tener atribuciones especiales para imponer condiciones al voto de los inmigrantes en las elecciones municipales. Es la respuesta al debate iniciado por algunos partidos catalanes, que se muestran favorables a que su comunidad exija determinados condiciones de "arraigo" a los inmigrantes para votar en las municipales, especialmente el conocimiento del idioma. "Es inaceptable por discriminatoria", señalan fuentes gubernamentales, que insisten en que la Ley Electoral es la misma para todas las autonomías.
El Gobierno respa...
El Gobierno y el PSOE rechazan que las comunidades autónomas puedan tener atribuciones especiales para imponer condiciones al voto de los inmigrantes en las elecciones municipales. Es la respuesta al debate iniciado por algunos partidos catalanes, que se muestran favorables a que su comunidad exija determinados condiciones de "arraigo" a los inmigrantes para votar en las municipales, especialmente el conocimiento del idioma. "Es inaceptable por discriminatoria", señalan fuentes gubernamentales, que insisten en que la Ley Electoral es la misma para todas las autonomías.
El Gobierno respalda la propuesta conjunta de IU y PSOE para extender el voto de los inmigrantes en las elecciones municipales, de acuerdo con la Ley Electoral, y con la pretensión de lograr un consenso entre todos los partidos sobre la misma. "Esta propuesta supone una extensión de los derechos de la ciudadanía y no es ningún secreto ni novedad de última hora, porque está recogida en el programa con el que ganamos las elecciones del 14 de marzo de 2004", señalan fuentes gubernamentales. El programa lo coordinó precisamente el actual ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, defensor de dicha propuesta, que cuenta, asimismo, con el aval de La Moncloa.
La Ley Electoral, amparándose en el artículo 13 de la Constitución, señala que los inmigrantes pueden votar en las elecciones municipales si existe reciprocidad. Es el caso de los ciudadanos europeos residentes en España, así como el de cinco países latinoamericanos, como Venezuela, Uruguay, Colombia, Argentina y Chile, con los que España tiene tratados de amistad y cooperación.
La única condición que el Gobierno cree que deben acordar los partidos políticos es la fijación "del mínimo de residencia obligatoria" que se exige a los inmigrantes para poder ejercer el derecho al voto.
En este sentido, el Gobierno considera "inaceptable" la propuesta de algunos partidos catalanes de exigir condiciones específicas de "arraigo" a los inmigrantes en la comunidad para votar en las municipales. "¿Cómo se manifiesta ese arraigo? ¿Por el conocimiento del idioma? ¿Cómo se pueden establecer condiciones distintas en unas comunidades cuando la ley que lo rige es la Electoral General?", señalan fuentes gubernamentales.
Fuentes socialistas muestran su indignación por el hecho de que, desde 1999, nadie en Cataluña haya puesto el grito en el cielo aun sabiendo que miles de ciudadanos de la UE votan en las municipales sin tener que demostrar a nadie si conocen el castellano o el catalán. Estas mismas fuentes ven intolerable e inasumible que se puedan establecer esas condiciones de "arraigo" indefinido, y sobre todo la exigencia del conocimiento de la lengua, a los inmigrantes venidos de fuera de la UE mientras los comunitarios votan libremente. "¿Es que queremos distinguir entre inmigrantes ricos y pobres y darles más derechos a unos que a otros? ¿Por qué un inglés o un alemán jubilado podría votar y un joven colombiano que trabaja para el otro no?", se preguntan desde el PSOE. El conocimiento de la lengua no es un requisito ni siquiera para obtener la nacionalidad española, señalan desde el PSOE.
El deber del conocimiento del catalán que reclama el polémico artículo 3 del Estatuto, al que ha apelado ahora el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, es un "deber impropio", según las fuentes socialistas consultadas. Éstas lo comparan con el "deber de trabajar y derecho al trabajo" que marca el artículo 35 de la Constitución Española. Formalmente existe, pero no hay ninguna sanción para quien decida libremente no trabajar por cualquier motivo.
El problema del razonamiento de CiU, para el PSOE, es que llevado a su extremo lleva a pensar que un ciudadano español que resida en Cataluña y no hable catalán no podría votar, algo totalmente absurdo. La Constitución española no establece ningún requisito para votar y ser votados más que tener la nacionalidad española, al margen de los idiomas que conozca. Una vez que un ciudadano ha obtenido la residencia legalmente no se le puede pedir un requisito ulterior para poder votar, explican.
El PSOE está muy preocupado por el debate que se ha producido en Cataluña, ya que piensa que las prevenciones al voto de los inmigrantes sólo alientan la xenofobia que siempre está presente en una parte de la sociedad. Los socialistas admiten que el PSC ha estado "tibio" en la respuesta a CiU porque no se encuentra cómodo en este debate.