Lubasa y PGP cobran 600.000 euros al casino de Castellón por un local que tienen por 50.000
Los concesionarios de la antiguas atarazanas del puerto realquilan el edificio
La sociedad Puerto Azahar, formada por Lubasa y PGP, concesionaria de las antiguas atarazanas de Castellón, cobrará 12 veces lo que paga por esa concesión al grupo Orenes Franco para que instale en el edificio el nuevo casino de juego. Puerto Azahar paga un canon de cerca de 50.000 euros anuales por disponer de las atarazanas, mientras que el alquiler a la empresa de juego es de 600.000 euros anuales. La operación ha generado tensiones en el Puerto de Castellón, ya que ha sido necesario modificar las condiciones originales de la concesión.
"Pelotazo" fue el término que ayer utilizó José...
La sociedad Puerto Azahar, formada por Lubasa y PGP, concesionaria de las antiguas atarazanas de Castellón, cobrará 12 veces lo que paga por esa concesión al grupo Orenes Franco para que instale en el edificio el nuevo casino de juego. Puerto Azahar paga un canon de cerca de 50.000 euros anuales por disponer de las atarazanas, mientras que el alquiler a la empresa de juego es de 600.000 euros anuales. La operación ha generado tensiones en el Puerto de Castellón, ya que ha sido necesario modificar las condiciones originales de la concesión.
Puertos del Estado pedirá un informe sobre la operación a la abogadía del Estado
"Pelotazo" fue el término que ayer utilizó José Luis Peralta, miembro del consejo de administración del Puerto de Castellón, para describir la operación realizada por los concesionarios de las antiguas atarazanas, la sociedad Puerto Azahar, con el adjudicatario de la licencia de casino, el grupo Orenes Franco, que pretende instalarse en dicho local. Peralta no quiso desvelar el montante que Puerto Azahar (formada por Lubasa y PGP) recibirá, en concepto de alquiler, por parte de Orenes. Sin embargo, según ha podido saber este diario el precio asciende a una cantidad fija anual de más 600.000 euros, a la que se sumarán distintos porcentajes, según los ingresos del casino. Esto supone que la concesionaria cobrará alrededor de 12 veces el precio que paga por la concesión, otorgada en 2003 por la Autoridad Portuaria, a la que desembolsa un canon fijo de cerca de 50.000 euros anuales.
El consejo de administración de Port Castelló vivió en la tarde-noche del jueves uno de los momentos más tensos de los últimos meses cuando la presidencia de la Autoridad Portuaria sometió a votación el dar vía libre a la ubicación del casino en las antiguas atarazanas. Para hacerlo posible era necesario, previamente, modificar una cláusula de la concesión. Una parte del consejo entendía este cambio como sustancial (lo que hubiera supuesto un nuevo concurso de adjudicación de la concesión) mientras que otros miembros la consideraban puntual, tal como defendió el presidente de la Autoridad Portuaria. Sin embargo, no fueron estas las únicas dudas sobre la legalidad de la concesión y el arrendamiento, tal como expuso el representante de la abogacía del Estado. De hecho, la "inseguridad jurídica" plasmada fue de tal calibre que el punto no sólo no obtuvo el apoyo de los representantes de instituciones gobernadas por el PSOE, sino que los representantes de la Generalitat Valenciana también decidieron abstenerse de dar su apoyo a la operación, al igual que hicieron algunos empresarios con voto en el consejo y los representantes de la Cámara de Comercio. A favor, votaron tanto los dirigentes del puerto como los representantes del Ayuntamiento, encabezados por el alcalde, Alberto Fabra, así como el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
Una de las opciones que plantearon los representantes de Puertos del Estado y de la Subdelegación del Gobierno fue la de reclamar un informe de la abogacía general del Estado para confirmar la legalidad de la instalación del casino en las atarazanas. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Monzonís, se negó a solicitarlo. En cualquier caso, Puertos del Estado, entidad de la que depende el puerto de Castellón sí tiene previsto solicitar dicho informe.
Por su parte, el grupo Orenes-Franco, al que la Generalitat Valenciana adjudicó la licencia de casino el pasado mes de marzo, ha manifestado su intención de aplazar el inicio de la ejecución del proyecto hasta que no exista una seguridad jurídica absoluta. Así lo indicó ayer el adjunto a la dirección de la división de casino, Alberto López Orenes, quien señaló que esperarán el resultado del informe de la abogacía del Estado para iniciar la inversión prevista, que asciende a 20 millones de euros.