El PP de La Vila aprueba el plan urbanístico anulado por el TSJ sin adaptarlo a la LUV
El proyecto afecta a 5.000 viviendas que se encuentran construidas y habitadas
El Ayuntamiento de La Vila Joiosa (Marina Baixa) aprobó ayer por mayoría absoluta, con el voto favorable del gobierno local, del PP, el Plan Parcial de Mejora 2 del Sector PP-1 Cales y Atalayes, que afecta a 5.000 viviendas ya finalizadas y habitadas en la Cala de Finestrat. La propuesta del edil de Urbanismo, Amadeo Sánchez, es la misma que el Tribunal Superior de Justicia declaró nula de pleno derecho el pasado 27 de junio, al constatar que en el pleno de 4 de julio de 2002, cuando se aprobó, obtuvo diez votos favorables, cuando la mayoría absoluta es de once.
Los tres partidos en la ...
El Ayuntamiento de La Vila Joiosa (Marina Baixa) aprobó ayer por mayoría absoluta, con el voto favorable del gobierno local, del PP, el Plan Parcial de Mejora 2 del Sector PP-1 Cales y Atalayes, que afecta a 5.000 viviendas ya finalizadas y habitadas en la Cala de Finestrat. La propuesta del edil de Urbanismo, Amadeo Sánchez, es la misma que el Tribunal Superior de Justicia declaró nula de pleno derecho el pasado 27 de junio, al constatar que en el pleno de 4 de julio de 2002, cuando se aprobó, obtuvo diez votos favorables, cuando la mayoría absoluta es de once.
Los tres partidos en la oposición, (PSPV, Bloc e Iniciativa Independiente) mostraron su repulsa a la rapidez con que el PP ha querido resolver la situación. El portavoz socialista, Gaspar Lloret, calificó de "atrocidad legal" la propuesta, ya que el TSJ "ha anulado el convenio y se tiene que presentar uno totalmente nuevo y diferente con arreglo a la Ley Urbanística Valenciana" (LUV).
El PSPV subrayó la necesidad de crear viviendas de protección oficial y exigió que se redactara una propuesta que incluyera el 50% de pisos con esta catalogación. El portavoz del Bloc, Vicent Serra, pidió la apertura de una investigación por parte de Fiscalía y señaló que "algo está pasando cuando este plan parcial lleva 10 años dando vueltas". Serra recordó que el primer plan de mejora presentado ya fue anulado por el TSJ, e indicó que "los vecinos que habitan esas viviendas podrían no pagar impuestos, porque realmente no existen en el planeamiento".
El concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, recordó que el plan de mejora anulado incrementaba las alturas previstas en el Plan General y "aporta poco al interés social, en contra de lo estipulado en la LUV". Los tres partidos, que desconfían que la Consejería de Territorio frene la propuesta "por la connivencia del PP en ambas administraciones", han solicitado un informe jurídico sobre la aprobación y han anunciado la interposición de un recurso de reposición y un contencioso administrativo.
El alcalde, José Miguel Llorca Senabre, defendió el procedimiento seguido escudándose en que ha sido "bajo el criterio técnico del secretario del Ayuntamiento". "La sentencia dice que se trata de un defecto de forma que hoy se ha subsanado", concluyó.
El plan afecta a 4.747 viviendas sobre una extensión de 1,05 millones de metros cuadrados, lo que afecta a 10.681 personas, según el PGOU. Esta no es la primera irregularidad urbanística en la zona, ya que a escasos metros se encuentra el Hotel Atrium Beach, paralizado y con una orden de demolición por exceso de edificabilidad.
En la sesión plenaria se vivieron momentos de tensión, cuando los miembros de la Junta de Personal del hospital comarcal entraron en el salón para pedir al primer edil que realice las gestiones oportunas para pedir la gratuidad del aparcamiento del centro. Llorca recibió las 6.000 firmas de apoyo recogidas por los trabajadores, que junto a las de la oposición suman 11.000, y que se trasladarán a la Consejería de Sanidad. El miércoles por la tarde, la Junta de Personal reunió a unas 2.500 personas en una manifestación organizada en La Vila. El alcalde explicó que, ante la presión social, tanto Sanidad como los consistorios afectados trabajan para adquirir una parcela anexa al hospital y convertirla en aparcamiento público.
También mostró su malestar la comunidad educativa del colegio público Doctor Esquerdo. Los padres de los alumnos entregaron esquelas a los ediles anunciando la defunción del centro después de conocer que Educación trasladará a barracones a los 400 alumnos de Primaria en septiembre.