Un informe dice que las cintas de la ponencia no son públicas
Los miembros de la ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía decidieron el 9 de junio de 2005 grabar en imagen y sonido sus reuniones, pero a la hora de la verdad no han autorizado aún que esas cintas sean públicas. Un grupo de periodistas presentó el 30 de marzo pasado una petición a la Mesa del Parlamento para acceder a las grabaciones, aunque tres meses y medio más tarde la Mesa aún no ha contestado.
El pasado jueves los miembros de la Mesa conocieron un informe elaborado por el letrado Plácido Fernández-Viagas en el que asegura que las cintas no son públicas, según informaron va...
Los miembros de la ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía decidieron el 9 de junio de 2005 grabar en imagen y sonido sus reuniones, pero a la hora de la verdad no han autorizado aún que esas cintas sean públicas. Un grupo de periodistas presentó el 30 de marzo pasado una petición a la Mesa del Parlamento para acceder a las grabaciones, aunque tres meses y medio más tarde la Mesa aún no ha contestado.
El pasado jueves los miembros de la Mesa conocieron un informe elaborado por el letrado Plácido Fernández-Viagas en el que asegura que las cintas no son públicas, según informaron varias fuentes. El dictamen sostiene que los soportes informáticos y las actas de las reuniones pertenecen al ámbito privado de discusión. "Es como una libreta o un ordenador personal", opinó una fuente.
Otra de las personas consultadas indicó que el informe jurídico mantiene que "la petición es atendible pero de forma graciable por parte de los ponentes y no obligatoria. La ponencia tiene carácter privado y son ellos los que deben decidir si la hacen públicas".
El próximo día 26 la Mesa remitirá a los miembros de la ponencia -cuatro del PSOE, tres del PP, dos de IU y dos del PA- el dictamen y pedirá que sean ellos los que tomen una decisión.
En declaraciones a los periodistas, los diputados nunca han mostrado inconveniente en hacer públicas las grabaciones. Así, el socialista Manuel Gracia afirmó en febrero de 2006: "Supongo que serán grabaciones a las que se puedan acceder". Dos meses más tarde precisó que "no serían de utilización coetánea con los trabajos de los ponentes o de la comisión", tareas ambas terminadas.
También a favor se pronunció Antonio Sanz (PP): "Si no tenemos nada que ocultar, está claro cuál es nuestra posición. Al tratarse de una grabación es un documento que se hará público".
Y Antonio Romero (IU): "Nosotros somos partidarios de la mayor transparencia". Y también el andalucista Antonio Moreno: "Si la ponencia dice que se haga público no tenemos ningún problema".