Segunda batalla electoral en México

Bajo la atenta mirada de la comunidad internacional y con opiniones enfrentadas de los expertos sobre el alcance de la impugnación de los resultados electorales por presuntas irregularidades, comienza esta semana la batalla legal para certificar o invalidar la victoria del conservador Felipe Calderón, del oficialista Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios presidenciales del 2 de julio pasado. La justicia electoral tendrá dos meses para examinar las reclamaciones que comenzará a presentar hoy la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que perdió por el estrecho margen de 244.000 sufr...

Bajo la atenta mirada de la comunidad internacional y con opiniones enfrentadas de los expertos sobre el alcance de la impugnación de los resultados electorales por presuntas irregularidades, comienza esta semana la batalla legal para certificar o invalidar la victoria del conservador Felipe Calderón, del oficialista Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios presidenciales del 2 de julio pasado. La justicia electoral tendrá dos meses para examinar las reclamaciones que comenzará a presentar hoy la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que perdió por el estrecho margen de 244.000 sufragios. El gran debate se centra ahora en si el Tribunal Electoral ordenará un nuevo recuento voto a voto, como reclama el candidato perdedor.

El jefe de la misión observadora electoral de la UE avala la limpieza de los comicios

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), de López Obrador, eje de la coalición de izquierda Por el Bien de Todos, ha dejado clara su voluntad de judicializar las elecciones en un proceso que podría aplazar la proclamación del presidente hasta el 6 de septiembre. Las objeciones se presentarán ante los distintos consejos de distrito -300 en todo el país- que todavía tienen en su poder las actas de la votación del 2 de julio, y aquellos a su vez remitirán toda la documentación a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, integrado por siete magistrados.

La ley permite presentar tantos juicios de inconformidad (impugnaciones) como consejos de distritos hay, es decir, hasta 300, pero es poco precisa a la hora de autorizar la apertura de los paquetes sellados para un nuevo recuento voto a voto en caso de impugnación.

Una a una, el Tribunal Electoral examinará las alegaciones, que deben ir acompañadas de documentación escrita y gráfica. En este proceso el tribunal puede ordenar que se vuelvan a contar los votos si considera que hay razones para ello, como que las urnas estén abiertas o muestren claras huellas de haber sido manipuladas.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE, el español José Ignacio Salafranca, del Partido Popular, avaló la limpieza de los comicios, aunque matizó que ante la impugnación del PRD sería bueno hacer un nuevo recuento. "Ojalá que la ley hubiese permitido el cómputo voto por voto, porque yo creo que eso nos hubiese hecho salir de muchas incertidumbres que pesan sobre el proceso", señaló Salafranca.

Antes del 31 de agosto, los siete magistrados del Tribunal Electoral tendrán que haber resuelto todas las impugnaciones y proceder al recuento definitivo de la elección presidencial. En los días siguientes, realizará el acto formal de expedir la declaración de validez y constancia del presidente electo, cuyo plazo expira el 6 de septiembre. Hasta entonces, México no tendrá legalmente presidente electo.

La reclamación del PRD de realizar un nuevo cómputo voto a voto en un determinado número de las 130.000 mesas electorales ha provocado opiniones a favor y en contra. A la cabeza de quienes rechazan la petición está el ganador de los comicios, Felipe Calderón, que reitera que dicho recuento ya se llevó a cabo por los funcionarios electorales designados por sorteo entre vecinos de cada distrito, y en presencia de representantes de los partidos políticos.

Lorenzo Córdoba, coordinador del área de Derecho electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ex asesor del anterior presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), sostiene que jurídicamente podrían abrirse todos los paquetes para contar de nuevo los sufragios, sin que ello significara la anulación de las elecciones.

Sin embargo, precisa, el Tribunal Electoral suele ser muy reacio a adoptar tal medida, que sí ha llevado a cabo en algunos casos, como en las elecciones a gobernador de Tabasco en el 2000. "Fue un caso extremo, con una elección muy sucia, con sospechas fundadas de financiación prohibida, clara parcialidad de la autoridad electoral y negligencias diversas", recuerda el catedrático Córdoba.

Para anular una elección tienen que producirse irregularidades muy graves, como intervención del Ejército o desvío de recursos públicos a favor de un candidato. "No se puede contemplar tales hipótesis en estas elecciones que, en mi opinión, no son anulables", precisa el experto de la UNAM.

El PRD, a través del alcalde electo de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, ha asegurado que no pretende la anulación general de todos los comicios. Lorenzo Córdoba intuye que el PRD tratará de demostrar que "hubo una manipulación reiterada en las casillas de votación, a favor de Calderón y en contra de López Obrador". El problema es que para demostrar esta irregularidad y pedir la nulidad de dichas mesas electorales, el PRD sólo puede aportar copias de las actas, a las que han tenido acceso todos los partidos.

Fuentes del Tribunal Electoral han advertido que la apertura de todos los paquetes electorales con presuntas irregularidades es "políticamente entendible, pero jurídicamente es difícil que prospere". En las elecciones presidenciales del año 2000, el PRD impugnó únicamente dos mesas electorales (en Tlaxcala y Puebla). Los magistrados anularon 430 votos que se restaron del cómputo total de los comicios, que ganó Vicente Fox, cuya calificación fue prácticamente de trámite.