La vuelta de Garzón

Una vez que el presidente Zapatero declaró oficialmente abierta el pasado jueves la etapa de contactos con ETA orientada a buscar una salida dialogada a la violencia, los obstáculos no serán sólo las estrategias puestas en práctica por la banda terrorista para optimizar sus pretensiones o la campaña del PP y de los medios de comunicación a fin de boicotear esa arriesgada iniciativa con todo tipo de sospechas e insidias. También desempeñará un papel relevante durante ese difícil período el debate en torno a la aplicación judicial de las normas vigentes. Las interacciones entre el mundo de la ma...

Una vez que el presidente Zapatero declaró oficialmente abierta el pasado jueves la etapa de contactos con ETA orientada a buscar una salida dialogada a la violencia, los obstáculos no serán sólo las estrategias puestas en práctica por la banda terrorista para optimizar sus pretensiones o la campaña del PP y de los medios de comunicación a fin de boicotear esa arriesgada iniciativa con todo tipo de sospechas e insidias. También desempeñará un papel relevante durante ese difícil período el debate en torno a la aplicación judicial de las normas vigentes. Las interacciones entre el mundo de la magistratura y la política no constituyen ningún misterio: el alineamiento automático de los vocales de la actual mayoría del Consejo General del Poder Judicial con el Grupo Parlamentario Popular que les eligió hace cinco años resulta clamoroso. Es igualmente cierto que la mentalidad conservadora domina en la Asociación Profesional de la Magistratura, el más influyente de esos híbridos órganos de representación de la carrera judicial que sustituyen por mandato constitucional a los partidos pero que desempeñan en la práctica sus funciones. En cualquier caso, la independencia judicial no es ejercida por ningún poder abstracto, sino por magistrados con nombre y apellido, "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Desde el alto el fuego permanente declarado por ETA el pasado 22 de marzo se han multiplicado las discusiones en torno al papel que debería jugar el proceso de final dialogado de la violencia sobre la aplicación de las leyes punitivas y procesales relacionadas con la actividad terrorista. Aunque la invocación al artículo 3 del Código Civil sea pertinente ("las normas se interpretarán según el sentido propio de las palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativo y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al sentido y finalidad de aquellas"), las dificultades comienzan precisamente a la hora de ponerlo en funcionamiento. Ni que decir tiene que las fanfarronas exigencias de los comunicados de ETA y de los dirigentes de Batasuna para que el Estado de derecho paralice su actividad, frene el trabajo del ministerio fiscal, interrumpa los juicios pendientes, excarcele a los presos, deje de perseguir policialmente a los delincuentes y anule las medidas cautelares adoptadas por los jueces instructores nada tienen que ver con esos problemas hermenéuticos.

Los magistrados no siempre están a la altura de la difícil tarea que les corresponde en situaciones de rápido cambio político y social. Parece evidente, por ejemplo, que la admisión a trámite por el Tribunal Superior de Justicia vasco de la querella temeraria interpuesta por el Foro de Ermua contra el lehendekari Ibarretxe -acusado de colaborador necesario de un imaginario delito de desobediencia por haber recibido en Ajuria Enea a los dirigentes de la disuelta Batasuna- es una astracanada jurídica. Bajo el entusiasta patrocinio del PP, los querellantes se disponen a repetir el despropósito con la conversación prevista para mañana entre el secretario general de los socialistas vascos y los portavoces de la izquierda abertzale.

La interpretación de las leyes suele dar lugar a discrepancias: los casos difíciles son un banco de prueba de las complejidades del derecho. El regreso de Baltasar Garzón a la titularidad del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tras año medio de ausencia constituirá una experiencia de laboratorio a este respecto. Durante las últimas semanas, Fernando Grande-Marlaska, que le sustituía provisionalmente al frente de ese juzgado, adoptó varias medidas discrecionales polémicas: desde la prohibición de las comparecencias públicas de los dirigentes de Batasuna hasta la imposición de una fianza a un burukide del PNV que había intermediado en el pago de un chantaje a ETA, pasando por el desmantelamiento de una red de extorsión de la banda terrorista. Ambos jueces tienen un bien ganado prestigio como profesionales independientes que se han enfrentado sin miedo a las amenazas terroristas: la eventual revisión por Garzón de algunas decisiones previas de Grande-Marlaska sólo pondrá de relieve la inevitable coexistencia de diferentes enfoques jurídicos admisibles sobre un mismo problema.