La Carta Magna, a debate después del verano
La clase política italiana vuelve a encontrarse ante un folio en blanco. Las batallas parlamentarias libradas durante los cinco años de la pasada legislatura se esfumaron ayer con el no y el primer ministro Romano Prodi, como sus antecesores, se enfrenta a un viejo problema, claramente reflejado en los resultados del referéndum: en el noreste, la zona más rica del país, la mayoría desea un sistema federalista; en el resto del país, sobre todo en el sur más pobre, el federalismo es percibido de forma muy negativa.
Tanto en Lombardía como en Véneto la participación superó el 60% y ...
La clase política italiana vuelve a encontrarse ante un folio en blanco. Las batallas parlamentarias libradas durante los cinco años de la pasada legislatura se esfumaron ayer con el no y el primer ministro Romano Prodi, como sus antecesores, se enfrenta a un viejo problema, claramente reflejado en los resultados del referéndum: en el noreste, la zona más rica del país, la mayoría desea un sistema federalista; en el resto del país, sobre todo en el sur más pobre, el federalismo es percibido de forma muy negativa.
Tanto en Lombardía como en Véneto la participación superó el 60% y el sí se impuso con holgura: 54,6% en la primera región, 55,3% en la segunda. En las tres regiones más dependientes de la solidaridad fiscal, Calabria, Campania y Sicilia, se invirtieron los términos. La participación apenas superó el 40% y el no obtuvo una ventaja abrumadora: 82,5% en Calabria, 75,3% en Campania, 69,9% en Sicilia.
El proceso de reforma constitucional que piensa abrir Romano Prodi en otoño no sólo deberá tener en cuenta las voluntades opuestas de noreste y sur, sino las divergencias en su propia coalición. En el centroderecha ha acabado fraguando un cierto consenso sobre la necesidad de cambiar la Constitución en un sentido descentralizador y de reforzar el Poder Ejecutivo frente a la hegemonía parlamentaria.
En el centroizquierda hay dos bloques enfrentados: los moderados, con Romano Prodi al frente, apuestan por una reforma consensuada pero ambiciosa; la izquierda radical, en cambio, considera óptima la actual Constitución y no quiere ni hablar de reabrir el proceso en los próximos meses.
Cualquier opción requerirá plazos amplios. El fallido proyecto de reforma del centroderecha se habría desplegado de forma gradual durante los próximos 12 años: la aplicación plena de las novedades estaba prevista para 2016.
Un horizonte de ese tipo será el que planteará Romano Prodi a la vuelta de vacaciones, si los problemas económicos y las divergencias sobre política exterior permiten que su Gobierno preste atención a cuestiones no estrictamente cotidianas.