El fiscal rehúsa acusar al arzobispo de Granada y pide el archivo de la querella interpuesta por el sacerdote

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pidió ayer el archivo de la querella por injurias, calumnias, acoso moral y coacciones interpuesta contra el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, por el ex canónigo y ex archivero de la Catedral, Javier Martínez Medina. El fiscal advierte de que, al tratarse de un delito de carácter privado, el Ministerio Público no formaría parte de un supuesto proceso penal, pero, no obstante, pide el archivo al considerar que el arzobispo "no puede ser considerado autor" de los delitos que se le imputan.

El fiscal basa el g...

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pidió ayer el archivo de la querella por injurias, calumnias, acoso moral y coacciones interpuesta contra el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, por el ex canónigo y ex archivero de la Catedral, Javier Martínez Medina. El fiscal advierte de que, al tratarse de un delito de carácter privado, el Ministerio Público no formaría parte de un supuesto proceso penal, pero, no obstante, pide el archivo al considerar que el arzobispo "no puede ser considerado autor" de los delitos que se le imputan.

El fiscal basa el grueso de su argumentación en la declaración del prelado ante el juez el pasado cinco de junio. En su comparecencia, el arzobispo sostuvo que su intención al inhabilitar a Martínez Medina no era "dañar" al sacerdote sino "gobernar la diócesis".

El fiscal da por buena la declaración del prelado de la que, a su juicio, "se desprende claramente su falta de ánimo de atentar contra el honor del querellante". La Fiscalía entiende que el arzobispo sólo se dirigió al sacerdote, "subordinado a él en la constitución jerárquica de la Iglesia", en términos "contundentes y conminatorios" con la intención de que devolviera los archivos de los que, según el prelado, se había apropiado indebidamente. Del escrito se desprende que el fiscal no encuentra argumentos para dudar de la declaración del arzobispo ante el juez e incluso califica de "presunta realidad" la supuesta apropiación indebida por parte del sacerdote. Según la Fiscalía, al arzobispo, cuando manifestó esta acusación y cuando destituyó al sacerdote, tenía la "cobertura legal" del canon 392 del Código Canónico: "Dado que tiene la obligación de defender la unidad de la Iglesia universal, el obispo debe promover la disciplina que es común a toda la Iglesia [...] y vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente acerca [...] de la administración de los bienes".

El fiscal considera que tampoco hay "nexo causal" entre las lesiones psíquicas que dice tener el querellante y la conducta del prelado. Según la Fiscalía, si el ex canónigo padeció lesiones éstas no estaban "en el ánimo del querellado", ya que "tenían como base actos lícitos, emanados en el ejercicio de su ministerio eclesial".

El fiscal cree también que presunta la inocencia del arzobispo queda reforzada con la posterior imposición de una denuncia por parte del Cabildo Catedralicio contra el sacerdote por apropiación indebida. Según la Fiscalía, esta denuncia acredita que las afirmaciones del prelado "no pueden calificase como del todo punto gratuitas", sino que más bien "obedecían a una presunta realidad". El abogado del Cabildo y el del sacerdote acudieron acudieron ayer al acto de conciliación celebrado en el juzgado de Primera Instancia 9 de Granada por este caso, pero no lograron alcanzar ningún acuerdo. El representante del sacerdote negó las imputaciones y el acto acabó sin avenencia.