El Consell quiere encarecer los nuevos títulos universitarios por encima de los 1.700 euros

Capilla apuesta por subir los precios del ministerio y compensarlos con becas y préstamos

El director general de Universidades, José Capilla, afirmó ayer que el Ministerio de Educación ha hecho "muy mal" en fijar los precios de los posgrados, los nuevos títulos que se impartirán desde el curso que viene, entre 900 y 1.670 euros. Capilla defendió que los posgrados cuesten más y que su coste se vea compensado por un sistema más generoso de becas y préstamos para estudiantes. El director general confirmó que la Generalitat, "como el resto de comunidades", no pondrá dinero extra para financiarlos, y dijo que el gasto valenciano es de los más altos de España.

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El director general de Universidades, José Capilla, afirmó ayer que el Ministerio de Educación ha hecho "muy mal" en fijar los precios de los posgrados, los nuevos títulos que se impartirán desde el curso que viene, entre 900 y 1.670 euros. Capilla defendió que los posgrados cuesten más y que su coste se vea compensado por un sistema más generoso de becas y préstamos para estudiantes. El director general confirmó que la Generalitat, "como el resto de comunidades", no pondrá dinero extra para financiarlos, y dijo que el gasto valenciano es de los más altos de España.

El director general compartió un desayuno con los periodistas en la sede de la Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia. Capilla repasó el panorama académico pero se esforzó en recalcar dos ideas: La inversión de la Generalitat en universidades en relación con el PIB es de las más altas de España -la tercera comunidad autónoma con más gasto en el año 2003, dijo, citando un informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, con un 1,02 del PIB-; y mientras tanto, el número de alumnos no ha dejado de descender -5.125 estudiantes menos en tres años-.

Las declaraciones de Capilla, igual que las que algunos rectores vienen vertiendo en las últimas semanas, indican que se ha abierto el periodo de prenegociación del nuevo modelo de financiación universitaria, cuya prórroga se arrastra desde el año 2003, y que el Consell se comprometió a cerrar como muy tarde en 2007, año de elecciones a la Generalitat.

Así hay que entender la afirmación de Capilla de que el actual marco de financiación "es el mejor que se podría tener, dadas las circunstancias". Y la comparación que hizo entre el presupuesto universitario valenciano para este año (670 millones de euros) y el catalán (que el director general fijó en 654 y fuentes de la Generalitat de Cataluña elevaron a 681 millones de euros).

Capilla ofreció los datos de disminución de alumnos por universidades entre los años 2003 y 2005. La que más porcentaje de estudiantes perdió fue la Jaume I de Castellón (un 5,73%, 749 alumnos); seguida por la de Alicante (un 5,68%, 1.551); la Universitat de València (un 5,51%, 2.453) y la Politécnica de Valencia (un 1,98%, 728). La Miguel Hernández de Elche, la más pequeña y la más joven de las públicas, ganó en cambio 356 alumnos (un 3,6%).

¿Responde la evaporación de estudiantes a motivos demográficos? El director general respondió que solo parcialmente, y mencionó varias causas más: El lento pero firme crecimiento de las universidades privadas; el "claro auge" de la Formación Profesional en la última década; el "ciclo económico expansivo", que ofreció "oportunidades de negocio" y de trabajo que no requerían títulos, y la impresión, "que ha calado en la sociedad", de que tener una carrera, hoy, no garantiza un empleo lo suficientemente bien remunerado como para compensar los años invertidos en estudiar.

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Las previsiones, afirmó, son que la línea descendente se mantendrá al menos 10 años y que luego habrá una recuperación, a la espera de despejar algunas incógnitas: ¿Los hijos de los inmigrantes demandarán estudios universitarios en la misma proporción que la media?

El director general consideró finalmente que la reforma de la Ley Orgánica de Universidades presentada por el Gobierno no ha avanzado lo suficiente en la desregulación. Criticó el recorte de las competencias de los consejos sociales, y aceptó, en cambio, que el sistema de acceso a las plazas de profesores diseñado por el PP en 2001, resultó "muy difícil de aplicar", aunque debido a cuestiones técnicas. Capilla dijo temer que el nuevo sistema de acceso a la docencia fomente la endogamia.

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