"Orgullosamente españoles"

La extensa sesión parlamentaria que culminó con la aprobación de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía estuvo centrado, sobre todo, en la definición de Andalucía, un asunto que vertebró todo el debate. Pero hubo otros puntos en los que las diferencias entre los grupos que apoyaron el proyecto (PSOE e IU) y los que lo rechazaron (PP y PA) fueron evidentes.

El debate del Preámbulo y del Título Preliminar, en los que se recoge la denominación de la comunidad, se reservó para el final, pero el presidente de la Junta, Manuel Chaves, hizo una extensa referencia a este tem...

La extensa sesión parlamentaria que culminó con la aprobación de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía estuvo centrado, sobre todo, en la definición de Andalucía, un asunto que vertebró todo el debate. Pero hubo otros puntos en los que las diferencias entre los grupos que apoyaron el proyecto (PSOE e IU) y los que lo rechazaron (PP y PA) fueron evidentes.

DEFINICIÓN "Reafirmación coherente"

El debate del Preámbulo y del Título Preliminar, en los que se recoge la denominación de la comunidad, se reservó para el final, pero el presidente de la Junta, Manuel Chaves, hizo una extensa referencia a este tema cuando abrió por la mañana la sesión.

Chaves: "La definición de Andalucía como nacionalidad ya aparecía en el texto de 1981, bien que de una manera alambicada, fruto de las especiales circunstancias históricas de aquel momento. Lo que hacemos ahora es simplificar y clarificar esta redacción, definiendo a Andalucía como una nacionalidad histórica, el mismo concepto que se plasma en otros estatutos de autonomía. Por su parte, la expresión realidad nacional no es más que la reafirmación coherente y consecuente de esa definición de Andalucía como nacionalidad".

Chaves desdramatizó el término realidad nacional. "España no se va a romper y menos que nadie lo va a hacer Andalucía. Los andaluces nos sentimos plenamente españoles, orgullosamente españoles y, además, nos sentimos españoles de una manera cálida y profunda", afirmó.

El portavoz del PP, Antonio Sanz, replicó a Chaves: "Realidad nacional de Andalucía y unidad de España son conceptos incompatibles y contradictorios". El dirigente popular añadió: "Mucho sentirse orgullosos de la unidad de España, pero se niegan a expresar la unidad indisoluble de la nación española. Parece que se avergüenzan de hacer una referencia a la unidad de España". Más adelante, dijo: "Realidad nacional es un disparate jurídico y político sin precedentes. Es sinónimo de nación, y significa chocar con la legalidad constitucional y replantear cuestiones de soberanía".

Manuel Gracia, portavoz del PSOE, censuró la posición "irreductible" del PA en su defensa del término nación y el "inmovilismo" del PP en la denominación de la comunidad.

Antonio Romero, de Izquierda Unida, formación que siguió defendiendo el término nación, recalcó: "Andalucía tiene una identidad conquistada en la calle. Una identidad nacional que es la garantía de que no nos descolgamos de las comunidades históricas".

La andalucista Pilar González puso el acento en que se ha aceptado la inclusión de la palabra nación en el Preámbulo del Estatuto de Cataluña y no en el de Andalucía. "La nueva categoría, la de nación, la crea el PSOE y ustedes han de encontrar la solución. No podemos aceptar la discriminación, que se permitan privilegios a los que Andalucía no tiene acceso. Cuando nación es lo máximo a lo que podemos aspirar, no podemos ser realidad nacional".

COMPETENCIAS "Pelotón de cabeza"

Uno de los títulos de los que PSOE e IU están más orgullosos es el de competencias. "Andalucía está en el pelotón de cabeza de las comunidades autónomas y alcanza el máximo nivel de autogobierno", dijo la socialista Antonia Moro, para quien las propuestas del PP en este título "suponen una involución autonómica".

Por contra, para el popular Rafael Salas este título "perturba el orden constitucional por la invasión de competencias estatales al imponer modificaciones de leyes generales y condicionar la voluntad soberana de las Cortes Generales".

Concha Caballero (IU) también censuró las propuestas del PP, que, en su opinión, sitúan el marco competencial de Andalucía en el año 1981. "¿Alguien se cree que porque Andalucía gestione el Guadalquivir se va a romper España o por decidir por dónde va a una carretera?".

El andalucista Antonio Moreno, mientras, recalcó que el marco competencial de Andalucía diseñado en el Estatuto está "muy por debajo" del previsto en el Estatuto catalán.

DERECHOS SOCIALES "Cuestiones que mejorar"

El socialista José Caballos presumió del Título de Derechos Sociales: "Andalucía se sitúa a la vanguardia de las políticas sociales en toda España, mediante el reconocimiento de nuevos derechos para los ciudadanos que son, en consecuencia, nuevas obligaciones para los poderes públicos". Y añadió: "El PP no debe abordar el asunto de los derechos sociales desde un cuestionamiento de la constitucionalidad".

Antonio Sanz (PP) prefirió hacer hincapié en la reclamación de su grupo de un artículo para que la Junta defienda los derechos de los andaluces en cualquier lugar de España. "Se niegan a garantizar el ejercicio de la igualdad de los derechos en el conjunto del territorio nacional porque han rechazado un artículo para salvaguardar que todos los españoles son iguales ante la ley y que tienen los mismos derechos en todo el territorio nacional y que los poderes públicos velarán por ello".

José Cabrero (IU) reconoció avances pero añadió: "Hay muchas cuestiones por mejorar en materia de derechos y sería bueno que el Gobierno hiciera más gestos, aprovechando el proceso de reforma del Estatuto, para dar solución a problemas que todavía padece mucha gente". Los andalucistas, a través de Antonio Moreno, reclamaron "una carta de derechos para prestar un mejor servicio a los ciudadanos".

FINANCIACIÓN Autonomía y suficiencia

La socialista Antonia Moro defendió la financiación recogida en el Estatuto. "Es un modelo solidario y que resulta muy positivo para Andalucía. Se parte de los principios que deben conformar el modelo: autonomía, suficiencia, nivelación y población. Se garantiza la defensa de los intereses de Andalucía y que el modelo se acuerde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Replicó el popular José Enrique Fernández de Moya, quien no se salió de esta línea argumental: "La financiación autonómica beneficia a Cataluña y perjudica a Andalucía. Gana el nacionalismo insolidario".

Muy diferente fue la visión de Pedro Vaquero, de IU: "Andalucía es el ariete de la solidaridad del Estado. La propuesta de Andalucía ha fijado el modelo de financiación que se va a aplicar en España. Zapatero y Mas siguieron el modelo que planteó Andalucía".

Esta tesis fue impugnada por el andalucista Ildefonso Dell'Olmo: "El sistema de financiación va a ser fruto del acuerdo entre Zapatero y Mas. Se ha roto la igualdad y solidaridad entre territorios".

RELACIONES BILATERALES Entre lo corto y el exceso

La idea central del PP, el exceso del bilateralismo, fue argumentada por el diputado Carlos Rojas: "Andalucía debe tener un papel protagonista en las relaciones con el Estado y la Unión Europea, pero dentro del marco constitucional".

Un marco que los socialistas replicaron que se cumple de forma clara. Juan Paniagua, del PSOE, defendió la propuesta de bilateralidad en las relaciones con el Gobierno en los asuntos que afecten a Andalucía. "Hay que reforzar las relaciones bilaterales de la Junta con el Gobierno de la nación para defender los intereses de Andalucía. Dispondremos de nuevos cauces de relación. Queremos ser oídos. La comisión bilateral Junta-Gobierno será para los temas específicos de la comunidad. Para lo demás, los foros multilaterales.". Antonio Romero (IU) orilló las consideraciones del PP y proclamó: "Se garantiza la presencia de Andalucía allá donde se debatan sus intereses, tanto en el Estado como en la UE".

Por contra, para el andalucista Miguel Romero si de algo peca el Estatuto es de quedarse corto: "No entendemos la falta de exigencia al Estado en la redistribución de la riqueza. Habría que clarificar las relaciones Junta-Estado desde el punto de vista tributario".