El Ayuntamiento da por zanjada la investigación sobre el concurso de gestión de los parquímetros

La Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento, celebrada ayer para esclarecer las dudas sobre el concurso de adjudicación de la gestión de los nuevos parquímetros, culminó con las mismas dudas con las que empezó, según la oposición. Para el PSOE, la comisión ha resultado ineficaz porque no ha aclarado las sombras sobre lo que este grupo considera un posible caso de información privilegiada a ciertas empresas. El concejal de Seguridad, Pedro Calvo, defendió la legalidad de la adjudicación y dijo que su actuación fue imparcial. El edil de Hacienda, Juan Bravo, dio por zanjada la ...

La Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento, celebrada ayer para esclarecer las dudas sobre el concurso de adjudicación de la gestión de los nuevos parquímetros, culminó con las mismas dudas con las que empezó, según la oposición. Para el PSOE, la comisión ha resultado ineficaz porque no ha aclarado las sombras sobre lo que este grupo considera un posible caso de información privilegiada a ciertas empresas. El concejal de Seguridad, Pedro Calvo, defendió la legalidad de la adjudicación y dijo que su actuación fue imparcial. El edil de Hacienda, Juan Bravo, dio por zanjada la investigación y pidió a la oposición que, si tiene alguna sospecha, aporte pruebas de las supuestas irregularidades.

El concejal Pedro Calvo contra la oposición; y la oposición contra Calvo. Así discurrió la Comisión de Vigilancia de la Contratación celebrada a petición del PP para intentar esclarecer las sombras de la adjudicación de las nuevas zonas de parquímetros, resuelta por concurso el pasado enero.

Las dudas planteadas antes de comenzar la reunión eran muchas, a tenor de las 97 preguntas planteadas por el concejal socialista Manuel García-Hierro. Entre ellas, la relación de amistad de Calvo -responsable de los parquímetros- con Juan Manuel Casares, ex diputado del PP gallego y apoderado de Hixienes, una de las empresas adjudicatarias. El PSOE quería saber por qué Calvo no se abstuvo en el procedimiento.

El edil socialista no dudó en preguntar a Calvo y a sus más estrechos colaboradores -Javier Conde, director de Movilidad; y Fernando Autrán, coordinador de Servicios a la Comunidad- si habían favorecido a Casares. Conde, que presidió dos de las tres mesas de contratación, dijo que no lo veía desde hace 11 años.

García-Hierro también interpeló por los motivos para convocar el concurso con trámite de urgencia, basándose en una Ordenanza de Movilidad que entró en vigor un mes más tarde. Calvo replicó que la adjudicación se hizo una vez aprobada la ordenanza.

Ya no son amigos

El concejal socialista no dejó pasar la oportunidad de preguntar por la solvencia técnica de Hixienes. Esta fue acreditada por el alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra), del PP, que aseguró que esa empresa había realizado labores de asesoramiento para la instalación de la zona azul, a pesar de que en el municipio gallego no existen parquímetros. Hixienes no tiene ninguna experiencia en gestión de parquímetros. García-Hierro añadió que Sufi, la sociedad que concurrió al concurso en unión de la empresa de Casares, tampoco cumplía la solvencia técnica exigida en los pliegos.

Calvo refutó con serenidad todas las acusaciones. Defendió la legalidad del proceso y, sobre todo, su imparcialidad. El responsable municipal de Movilidad quiso dejarlo claro: "Después de esto, ya no mantengo una relación de amistad con Casares", anunció.

El edil popular explicó los motivos por los que se primaron los aspectos técnicos (representaban el 85% de la puntuación) sobre los económicos al valorar las propuestas presentadas por las empresas. "La experiencia acumulada en anteriores contratos nos permite primar más unos factores que luego resultan decisivos para cumplir mejor el servicio", precisó. Además, justificó el sobrecoste de los nuevos parquímetros, más caros que los adjudicados en 2002. Según el concejal, el avance técnico y el aumento del número de controladores explican el mayor gasto.

Calvo intentó demostrar que ha permanecido ajeno al procedimiento y aseguró que sólo firmó el inicio del concurso y la adjudicación definitiva cuando la mesa de contratación, apoyándose en un informe técnico, ya había decidido qué empresas eran las escogidas. El concejal admitió que recibió en su despacho "a casi todos los empresarios". "Pero es una práctica habitual en la vida política", dijo.

Julio Misiego, de IU, consideró que el concurso "tiene toda la pinta de que ha existido información privilegiada a algunas empresas". Y lamentó que la comisión no haya servido de nada. La coalición de izquierda está estudiando presentar un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

El concejal de Hacienda, Juan Bravo, afirmó tras la comisión que "el tema está completamente zanjado". Bravo rechazó que se vuelva a tratar el expediente en próximas comisiones. "Si [PSOE e IU] quieren seguir con el proceso sólo les queda la vía judicial. Pero no han aportado nada", subrayó.